La “masacre de Allende”, se ha dicho en múltiples tonos, constituye una herida en el tejido social de Coahuila que no termina de cicatrizar porque ni siquiera hemos podido acceder a la verdad completa sobre lo ocurrido hace una década.

Además de ello, las autoridades -locales y estatales- han sido ineficaces en la integración de los expedientes criminales y la consecuente persecución penal de los responsables.

El servicio de streaming Netflix ha anunciado el estreno, para finales de junio, de una serie -Somos- que retratará los hechos ocurridos entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 y este anuncio ha vuelto a colocar en la conversación pública el nombre de Allende, Coahuila.

Coincidentemente con este anuncio, ayer se conoció que mediante una sentencia de segunda instancia, el Poder Judicial de Coahuila habría incrementado al doble las sentencias impuestas a dos policías a quienes se encontró culpables de participar en los hechos.

De esta forma, los ex agentes Germán Zaragoza y Fernando Hernández, fueron condenados a 174 y 137 años de prisión, respectivamente, por su participación en el delito de secuestro agravado.

Sin duda debe saludarse el que la Sala Colegiada Penal haya impuesto una pena mayor a estos dos expolicías quienes además de haber participado en la comisión de un delito traicionaron el mandato que tenían de procurar el bienestar de la ciudadanía.

Sin embargo, a poco más de una década de los terribles hechos, y en la víspera de la recreación cinematográfica anunciada hace unos días, debe decirse nuevamente que la justicia sigue siendo un anhelo en este caso, en primer lugar de las víctimas y, en segundo lugar, de la sociedad entera.

El simbolismo que contiene incrementar una pena que no será purgada -porque biológicamente es imposible- no alcanza para mitigar el reclamo que de parte de todos merecen, sobre todo, las autoridades estatales y federales por su ineficacia en el esclarecimiento de los hechos.

La población de Allende fue abandonada -literalmente- en manos del crimen organizado, cuyos integrantes habrían gozado incluso de la colaboración de más de una institución del Estado Mexicano para perpetrar los actos atroces que han sido recogidos a estas alturas en múltiples crónicas periodísticas y estudios académicos.

De esos hechos son responsables los individuos que en aquel momento tenían a su cargo las instituciones públicas que debieron impedir la masacre perpetrada contra la población de Allende.

Ninguno de ellos ha sido siquiera colocado en la posición de “sospechoso” y por eso, que se incremente la pena contra dos de los participantes, que pese a lo atroz de sus actos, ocupan los últimos escalones en la estructura criminal detrás del “caso Allende”, no da para considerar que se ha hecho justicia y sí para reiterar la exigencia.