Por cuarto proceso electoral consecutivo, el Instituto Electoral de Coahuila, acompañado de otros organismos públicos -como el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información- y diversas agrupaciones civiles, lanzó la iniciativa “Candidatura Transparente”.

Esta iniciativa tiene como propósito “alentar” a quienes aspiran a un cargo público que pongan a disposición de la ciudadanía el contenido de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, mejor conocida como “declaración 3de3”.

Tal información, vale la pena recordarlo, es un requisito para ser registrado como candidata o candidato a presidente municipal y por ello, la totalidad de quienes pretenden encabezar los ayuntamientos que en Coahuila iniciarán funciones el 1 de enero del año próximo debieron entregarla al momento de registrarse como aspirantes al cargo.

Sin embargo, la autoridad electoral no tiene facultades para publicar tal información y por ello, el que los electores podamos conocer el contenido de tales declaraciones durante el proceso electoral depende exclusivamente de la buena voluntad de los candidatos.

En 2020, cuando se renovaron los 25 asientos del Congreso del Estado, 83 por ciento de los aspirantes a dichos cargos se hicieron eco de la iniciativa y transparentaron su información. El 100 por ciento de quienes obtuvieron el triunfo se encontraban en este grupo.

Este año, sin embargo, la proporción de candidatos que asumieron el reto de ser transparentes bajó y solo el 73 por ciento -con cifras a ayer- han autorizado que la ciudadanía conozca su información. Parece difícil que ese porcentaje mejore a unas horas de que concluyan las campañas.

No se cuenta con datos que permitan asegurar la existencia de una conexión entre la vocación de transparencia de los candidatos y el voto de los electores. Sin embargo, el que el año pasado la totalidad de quienes se alzaron con el triunfo hubieran autorizado la publicación de su “tres de tres” constituye un indicador relevante que vale la pena tener en cuenta.

¿Qué implica tener en cuenta el dato? Esencialmente que los electores “castiguemos” la falta de transparencia negándole el voto a quien siendo candidato no muestra compromiso alguno en este rubro.

La lógica de este razonamiento es simple y, al mismo tiempo, contundente: ¿por qué habríamos de creer que quien no es capaz de transparentar su patrimonio, sus ingresos y sus intereses siendo candidato se comportaría de forma distinta en caso de ser electo?

Y no es que el hecho de transparentar información como aspirantes a un cargo sea una garantía de comportamiento pulcro en el cargo. Sin embargo, el que un candidato permita el escrutinio ciudadano a su patrimonio constituye al menos una muestra de comportamiento deseable.

Así pues, si queremos que en el futuro inmediato la transparencia sea un compromiso ineludibles de quienes aspiran a representarnos, un buen paso en ese sentido es no premiar la opacidad.