Prácticamente cualquier candidato o candidata –a cualquier puesto de elección popular– que se encuentre en campaña en estos momentos ha ofrecido al menos una vez hacer cosas para combatir la corrupción y la impunidad. Y entre sus ofrecimientos seguramente ha planteado que, si le elegimos, la transparencia será una de las características de su desempeño.

El principio de buena fe obliga a creerles, al menos en un primer momento, porque no se puede esgrimir en contrario ningún argumento para desmentirles o confrontarles por la posible falta de convicción para cumplir con sus ofrecimientos.

Pero en cuanto aparece en el horizonte un instrumento para contrastar sus dichos contra sus hechos, la buena fe debe desaparecer y cederle el paso al juicio crudo y descarnado.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición relativo al hecho de que, a casi una semana de haberse puesto en operación el portal “Candidato Transparente”, apenas el 25 por ciento de los candidatos ha subido a dicha plataforma su información patrimonial, fiscal y de intereses para que los ciudadanos podamos conocerla.
En efecto, hasta el momento de cerrar la presente edición, apenas 147 de los 592 candidatos oficialmente registrados ante la autoridad electoral habían subido su información, es decir, tan sólo uno de cada cuatro ha considerado necesario que los electores tengan acceso a tales datos.

¿Cuál puede ser la excusa para que no realicen este ejercicio de transparencia al que de forma voluntaria les ha invitado el Instituto Electoral de Coahuila? ¿No han tenido tiempo, porque las actividades de campaña se los ha impedido? ¿Resulta excesivamente complejo acceder al referido portal para subir la información? ¿Toma mucho tiempo la captura?

Ninguna de las anteriores. Y resulta necesario insistir en un hecho puntual: la información relevante que los candidatos pueden –si así lo deciden– compartir con nosotros a través de la referida plataforma es información que ya entregaron a las autoridades electorales a la hora de solicitar su registro para participar en esta contienda.

Un segundo dato: lo único que tiene que hacer es digitalizar los documentos que entregaron para colocarlos en el referido sitio. Y con algunos de ellos –como la declaración fiscal, por ejemplo– ni siquiera tienen que hacer eso porque ya están digitalizados.
No existe, pues, argumento que valga para no hacer pública su información y ser transparentes. La única razón que a estas alturas puede considerarse para que no hayan cumplido es que en realidad no tienen compromiso alguno con la transparencia y tienen cosas que ocultar.

Tres cuartas partes de todos los candidatos que hoy recorren las calles de Coahuila pidiendo que confiemos en ellos no quieren que sepamos cuánto tienen, cuánto ganan y a qué intereses se encuentran suscritos. Difícilmente podemos confiar en candidatos así