Las elecciones de 2021 han sido unas de las más violentas en la historia reciente de México, más de 36 candidatos han sido asesinados en todo el país, decenas más han recibido amenazas de muerte o han tenido atentados fallidos en su contra y además un centenar más de personas ligadas a partidos políticos, también han perdido la vida.

Hay dos grandes polos de generación de violencia que se han identificado, el primero y más importante son células locales de organizaciones criminales, que buscan impedir que políticos con los que no tienen acuerdos lleguen al poder en determinados municipios y el segundo, son cacicazgos políticos que utilizan la fuerza para atentar contra sus competidores.

Es un fenómeno generalizado, que si bien se concentra en algunas entidades de forma especial como Veracruz, Guerrero, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas o Oaxaca, lo cierto es que se pueden encontrar estos actos en cualquiera de la entidades, incluso en aquellas que se consideran más seguras.

De igual forma, es un problema que ha afectado a todos los partidos políticos, pero también en los que posiblemente la mayor parte de los partidos estén involucrados, al menos en parte, no como una política institucional encabezada desde sus dirigencias nacionales, sino pequeños contubernios locales entre alcaldes de municipios y el crimen organizado, para impedir que la oposición a ellos llegue al poder, de hecho, la consultora Etellekt señala que el 85% de los atentados se han dado contra militantes de partidos diferentes a los que gobiernan en cada municipio.

Lo más grave del asunto es que la violencia no termina con las campañas, sino que también puede hacerse presente el día de las elecciones, en los días previos o incluso en los posteriores, por ejemplo, en el cómputo de votos en elecciones cerradas.

En resumen, existe un riesgo latente de violencia, que si bien no será generalizado, si podría llegar a afectar el resultado de algunos procesos electorales a nivel de presidencias municipales o diputaciones, por lo que la mejor estrategia que deberían seguir el Instituto Nacional Electoral, los organismos electorales locales, el Ejército y la Guardia Nacional, así como los gobiernos a todos los niveles, es concentrar a los elementos que cuidarán los procesos electorales en aquellos sitios en donde la violencia en contra de los candidatos es mayor, porque seguramente será en dichas zonas en donde se pueden presentar incidentes de uso de fuerza en la jornada electoral.

Ello no va a eliminar por completo los riesgos, ya que no existen elementos suficientes para cuidar todo el territorio nacional, sin embargo, si hará posible que se responda con mayor celeridad al ubicar la mayor parte de los mismos, cerca de donde se podrían presentar más incidentes o los de mayor gravedad. Por ende, con ello se contribuirá a contener los efectos nocivos de la violencia sobre los resultados electorales, aunque éstos no desaparezcan por completo.

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