La primera semana del año inició con una noticia que hizo levantar las cejas en forma de sorpresa a más de uno; la diputada Nohemí Alemán propuso que el registro en cartera vencida dentro del sistema de sociedades de información crediticia sea reducido de 72 meses a 18. Esto es, pasar de cinco años de “castigo” financiero a año y medio. Aunque esto pareciera algo menor o intrascendente, es sumamente importante para el consumo nacional y para la economía en su totalidad. La propuesta no es mala, pero se tiene que analizar cuando menos someramente.

Las ventajas que ofrece este cambio a la ley darían un respiro importante a la economía porque personas que hoy no pueden comprar a crédito por tener un mal historial, podrían volver a integrarse al sistema económico. Dadas las condiciones actuales de un consumo contraído y empresas cerrando por falta de clientes, relajar la ley incrementaría en el corto plazo las ventas a crédito y podría sacar del precipicio económico a muchas organizaciones. Se estima que un 20% de las personas que tienen un mal score de crédito es por 3 mil pesos o menos que dejaron de pagar o que no supieron que debían y fueron acumulando intereses sobre intereses.

Otra ventaja para la economía de este cambio, justo en este momento, es que el crédito es la base de las ventas para el caso de productos de alto valor agregado como automóviles, enseres domésticos y viviendas, por mencionar sólo algunos. Si el cambio progresa, estas industrias incrementarían, aunque sea levemente su producción, induciendo un crecimiento en el empleo de al menos un 0.4% en este año. Hay que tomar en cuenta que tres de cada diez mexicanos tienen un historial crediticio negativo dentro del sistema y esto no desaparece pronto de los archivos de las personas, frenando posibilidades de expansión económica para todos los agentes económicos.

También sería ventajoso tomar en cuenta que la velocidad en que podrían otorgarse créditos (aumentándola) en un momento en que éstos han caído por arriba del 10%, serviría para acelerar los procesos de compra que en algunos casos duran días, sino es que hasta semanas por errores en el manejo de la información de las dos empresas encargadas de los historiales crediticios de los mexicanos; Buro de Crédito S.A. y Círculo de Crédito S.A. Las historias referentes a personas que tienen su score de crédito dañado por errores del manejo de nombres, cantidades y otros factores, abundan no sólo en la prensa sino también en la literatura académica, pues no sólo sucede en México sino también en otros países. La legalidad de las empresas de este tipo es otro asunto altamente cuestionada pues son empresas privadas que tienen acceso a información delicada como cuánto gana y gasta cualquier persona dentro del sistema financiero nacional. Botín muy apetecible para cualquier organización criminal.

Las problemáticas para este cambio de ley no están alejadas. El primer punto que tiene que analizarse es si las personas que cayeron en condición negativa son realmente personas que podrán utilizar correctamente su “segunda oportunidad” al reducirse el castigo financiero. El mayor riesgo es que vuelvan a incurrir en incumplimientos ocasionando problemas financieros a las empresas dependientes de estos créditos. Aunque el sistema de evaluación crediticia no analiza los cambios financieros que pueda tener la persona mientras está penalizada (como incremento en el ingreso por mejor trabajo, recibir una herencia, venta de un bien inmueble, etc.), es necesario que haya un mecanismo que permita evaluar dentro del plazo de castigo, cualquier cambio en la situación de la persona para evitar un castigo a la economía. Casos de personas que están en condición negativa por deber centavos y pasar de allí a deber miles de pesos por gastos de cobranza, gastos legales, y otros muchos de las razones dentro de los catálogos que se han inventado las empresas para ganar dinero de forma no ética y les ha hecho perder confianza tanto entre las empresas como entre las personas. Menos del 40% de las empresas que dan créditos utilizan los servicios de las dos organizaciones especializadas, siendo los argumentos para ello que cobran muy caro o que la información no es exacta.

Un segundo elemento negativo de la propuesta es la transferencia del costo de investigación del crédito a quien lo otorga. Sin embargo, éstos ya existen en muchos casos dentro de las propias empresas. El resto de las organizaciones podrían verse afectadas por carecer de sistemas de información flexibles y adaptables a estas necesidades. Además, es necesario mencionar que el costo de manejo de esta información podría resultar incosteable para ciertas organizaciones y podrías volverlas blanco de organizaciones maliciosas. Además, los usuarios podrían sentir inseguridad al proporcionar sus datos financieros a empresas que no son especializadas en ello.

Es entendible que se quieran eliminar los candados para que haya un flujo mayor de dinero dentro de la actividad económica. Es claro que destrabando el crédito se pueda incrementar la producción y la demanda agregada. Sin embargo, es necesario analizar con más calma qué puede pasar si se incorporan compradores con mal historial de crédito a la economía en un momento crítico como el actual.

Ya hay empresas que dan productos a crédito sin tomar en cuenta referencias, pero lo hacen a tasas bastante más altas, penalizando al consumidor y concentrando la oportunidad de negocios en unos cuantos. Tampoco es bueno para el comprador porque termina pagando una deuda de un par de zapatos, por ejemplo, en años literalmente aun y cuando el producto o productos ya no existan. El problema no es la información captada por las empresas de información crediticia, es el uso del crédito y en algunas ocasiones los usuarios del crédito los que obligan a la creación de condiciones de verificabilidad. Aumentar la base de acreditados será benéfico para la economía en su conjunto. Los datos no tienen la culpa de la interpretación y uso que se les dé.