Las pensiones extramaritales que incluye la nueva Ley para la Familia de Coahuila forman parte de un conjunto de decisiones liberales que el Congreso del Estado ha tomado en los últimos años, consideró el abogado Gerardo Pérez Pérez, quien agregó que es una reforma que abona, como las últimas sobre matrimonios y adopciones gay, a la no discriminación.

Pérez Pérez catalogó como una “regulación laboral” la de otorgar una pensión a la denominada pareja estable coexistente de una persona casada. Aseguró que podrán acceder a ella quienes comprueben el derecho de convivencia, dependencia económica y vinculación emotiva.

“Personalmente opino, con todo respeto, que los legisladores se soltaron el pelo, el chongo, porque hemos transitado de una legislación civil de normas de derecho familiar persignadas, de sotana, donde la figura más escandalosa era el concubinato, a esto que es una regulación muy liberal sin llegar a revolucionaria”, declaró.

El especialista en derecho aseguró que las tres condiciones que se acordaron para comprobar que el demandante de pensión alimenticia es la pareja estable coexistente, podrán comprobarse con documentos pre constituidos, depósitos bancarios, fotografías, entre otras pruebas que se podrán presentar en las demandas que habrá.

“Quien pretende algo tiene la obligación de probarlo y en este caso si argumentan tener la pareja estable, habrá que probar estas cosas, es con documentos, pruebas pre constituidas, dicho de testigos, confesional, depósitos bancarios. Podría decirse que esta reforma implicaría un impacto en los divorcios, pero con la figura de encausado será difícil”, dijo.

Señaló que si los objetivos de la reforma son la tolerancia, inclusión, respeto y fórmulas de convivencia, podría tener éxito en la sociedad coahuilense. Comentó que será cada individuo el que tenga que tomar sus propias decisiones.

“Esta figura que le llaman pareja estable coexistente es una concepción ajena, extraña, exótica, diversa y muy novedosa para la no discriminación que constituye que tendremos una legislación de avanzada que se apega a las obligaciones de nuestro país en respeto a derechos humanos, pero no es garantía ni asegura que la población vaya a observar estrictamente esa normatividad”, concluyó.