La calidad del aire que respiramos todos los días en las diferentes zonas urbanas y rurales del país es el resultado de todas nuestras acciones y actividades privadas, públicas, profesionales y comerciales, así como de nuestras omisiones pasadas y presentes en el cuidado y protección del medio ambiente. 

La medición del aire en México inició en 1950 en la capital de la República, y desde el año 2012 tenemos el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; aun así el Valle de México, la zona más poblada de la nación, padece continuamente contingencias ambientales producto de la elevada cantidad de ozono y otros contaminantes en el aire, la más larga ocurrida apenas en mayo pasado. Los riesgos para la salud y la calidad de vida son cada vez mayores. 

Por eso, cuando conocimos la decisión del presidente de Estados Unidos, en el sentido de que su país abandonaría el acuerdo de París, que compromete a las naciones a disminuir drásticamente la emisión de contaminantes a la atmósfera para evitar el avance del cambio climático, en todo el orbe y desde luego aquí en México, se condenó acremente esa actitud porque en verdad nos afecta a todos. 

En el portal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se puede leer el comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se establece que "el cambio climático es un hecho incontrovertible basado en la evidencia científica" y remata con esta sentencia: "Las acciones para frenar el cambio climático son un imperativo moral, porque se las debemos a las futuras generaciones". Muy bien. 

Pero nuestras autoridades son como el candil de la calle y la oscuridad en la casa. Tal vez el país no lo sepa, incluso ni los habitantes del Valle de México, pero en el estado de Morelos, que forma parte de esta megalópolis, desde hace 12 meses se suspendió el programa de verificación vehicular, y sobre esto ni el instituto mencionado, ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis han dicho una sola palabra. 

Sin duda, son miles los vehículos que a la semana circulan de Morelos hacia el Valle de México, sin que tengan la obligación de verificar y garantizar a quienes viven allá que no contaminan. ¿Qué podría decir un habitante de la Ciudad de México, que es obligado a verificar su auto, y además un día dejarlo guardado en su casa, respecto a un vehículo con placas de Morelos que puede ir a contaminar su espacio y además hacerlo de manera impune durante todo un año, porque en esa entidad no hay un lugar donde verificar? 

El gobierno de Morelos se comprometió públicamente el día 2 de julio del año 2016, a tener terminado y en funcionamiento el 1 de enero del año en curso, su nuevo programa de verificación homologado al de la Ciudad de México. Para ello, por cierto, clausuró con bombo y platillo 42 centros de verificación que funcionaban regularmente desde hacía una década; a esos negocios, a sus propietarios y sus trabajadores, el propio gobierno estatal los acusó de actuar con corrupción. Nunca probó nada, nadie está en la cárcel por ese motivo. ¿Quién mintió? 
Ayer se cumplió un año del fallido modelo de verificación en Morelos. ¿Dónde quedó el imperativo moral de la Semarnat con las futuras generaciones? ¿Quién contaminó más nuestro medio ambiente en este año? ¿El presidente de los Estados Unidos de América con sus declaraciones o el gobierno de Morelos teniendo un año cerrado el programa de verificación vehicular?