Oaxaca.- Una década después del conflicto sociopolítico que se vivió en esta entidad, el expresidente Vicente Fox Quesada reveló que su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, le exigió el envío de fuerzas federales a Oaxaca para garantizar la asistencia del PRI a su toma de protesta como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2006.

De acuerdo con el informe dado a conocer este lunes por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), Fox actuó de esa manera en respuesta a la crisis poselectoral de 2006, cuando el candidato de la coalición “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador, denunció un fraude. Su contrincante, el panista Felipe Calderón, necesitaba del PRI para legitimarse.

Como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la protección para el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

En su testimonio a la Comisión de la Verdad, Fox también dijo que con aquella decisión rompió un paradigma en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, que impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa contra un movimiento social.

El guanajuatense consideró que el operativo instrumentado el 29 de octubre de 2006 en esta capital acabó con “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz), y para continuar con eso, dijo, Felipe Calderón mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

“Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes, a nivel nacional, derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014”, señaló Diego Enrique Osorno, integrante de la CVO.

En su comparecencia ante esa Comisión, Fox reconoció que inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a participar en el operativo, pero finalmente envió a un grupo de militares vestidos de policías federales para reprimir a los participantes en el movimiento social de 2006.

Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez y Diego Enrique Osorno, integrantes de la CVO, reiteraron que el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de ese año, derivadas de la ingobernabilidad, es el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, por lo tanto hay una clara responsabilidad de Estado.

Adelantaron que en abril próximo acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el informe realizado, pero antes (el 16 del mismo mes) lo darán a conocer a los oaxaqueños en un acto público en la Alameda Central de esta ciudad.

Solalinde, Jiménez y Osorno señalaron que a partir de este lunes se dan por concluidos los trabajos de la CVO, y en el transcurso del día harán entrega del informe a los tres poderes del Estado, además de que realizarán los trámites administrativos para el cierre de la gestión.

Destacaron que con la entrega del reporte iniciará un proceso de edición y publicación del mismo, a fin de que el pueblo de Oaxaca conozca la versión de los acontecimientos investigados por la CVO.

En el resumen ejecutivo, los participantes explicaron que la Comisión de la Verdad inició sus funciones en septiembre de 2014, de conformidad con el Decreto legislativo 2056, y ejerció un presupuesto total de 18 millones 173 mil pesos durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, cantidad que equivale al gasto que hizo el gobierno federal para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres días.

Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006, luego de que el gobierno estatal instrumentó un operativo con el fin de desalojar el zócalo de esta ciudad, el movimiento magisterial contó con el apoyo de personas y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social cuyo objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.

Y mientras el movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas la toma de instituciones, bloqueo de carreteras, instalación de barricadas, paros sindicales y manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales para contener la inconformidad generalizada.

Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército, el gobierno oaxaqueño realizó los operativos denominados ‘14 de junio’, ‘Plan General de Operaciones Antibloqueo’ (20 de julio a 20 de agosto de 2006), ‘Limpieza de Vialidades’ (21 y 22 de agosto de 2006), ‘Plan Hierro’ (1 al 27 de octubre de 2006), ‘Plan Rector de Operaciones “Juárez”’ (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y ‘Guelaguetza’ (1 de julio al 1 de agosto de 2007).

Con ello, el Estado violó de manera masiva y sistemática el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso y garantías judiciales, además de que realizó detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves a los derechos humanos.

La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto se detectó una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esa práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.

A casi una década de esos hechos, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social, y se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que recibieron dinero bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.

La CVO registró que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos de ellos en más de una ocasión. Y precisó que fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre de 2006: Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.
De igual manera, destacó la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares, que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

Y con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluido el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. El llamado sólo fue atendido por el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva.

En el apartado de anexos del informe se mencionan los nombres de 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

Sobre los asesinatos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluyó que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.

Destacó que durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar, apuntó, fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría las perpetraron grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban.

El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad que volvía a torturarlas y luego ésta las ponía a disposición del Ministerio Público.

Después de la entrada de la PFP a Oaxaca, en esta cadena de custodia fueron incluidos elementos del Ejército bajo el formato de “personal comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por consiguiente –según la información recabada por la CVO–, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz; al procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez; al secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; al director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y al coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez.

Todos ellos cometieron una serie de agravios contra Emeterio Marino Cruz, entre los que se incluye: tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, y trato cruel, inhumano y degradante.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, así como por la Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015 en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca.

De esa cifra, 97 desapariciones se registraron en el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio de la administración de Gabino Cué Monteagudo hasta julio de 2015.

En total suman 216 desapariciones, de las cuales 18 pertenecen al fuero federal y se registraron de 2005 a julio de 2015, mientras que 198 son del fuero común y se perpetraron en el periodo que va de 2007 a 2015.

En ese grupo había 115 varones y 101 mujeres, y la media de edad es de 27 años.

También se estableció la responsabilidad del Senado de la República, ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el estado, privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos luego de su negativa.

Sobre la reparación a las víctimas del conflicto, se realizaron dos procesos: uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección 22 mediante negociaciones con la Secretaría de Gobernación, en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio en los años 2006 y 2007 en Oaxaca.

El otro fondo fue gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el gobierno estatal por 11 millones de pesos para 64 víctimas, quienes presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una. Pero la realidad es esto que contribuyó a la división y confrontación entre víctimas.

Finalmente, la gran mayoría de las víctimas de violación a los derechos humanos que fueron entrevistadas por la CVO coincidieron en que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no les hizo justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados hasta ahora, y a las víctimas no se les reparó el daño de manera integral.

Y, lo peor, dijeron sentirse engañadas porque los presuntos responsables de la crisis en aquellos años fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia, y a últimas fechas algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones.

En ese sentido, la CVO consideró que mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto sociopolítico en cargos públicos es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.