“Ahora estamos viendo que (los médicos) están cayendo como moscas porque no se les dio la protección”, aseguró el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, durante una transmisión en vivo para dar a conocer acciones de su gobierno por la pandemia del COVID-19.

Lo anterior, luego que de trabajadores de la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana denunciaran, el pasado fin de semana en redes sociales, la falta de cubrebocas, goggles, guantes, botas y batas para hacer frente a la contingencia sanitaria. El reclamo incluso fue retomado por el actor Eugenio Derbez, a través de su cuenta en Twitter, lo cual –como era de esperarse– le generó ataques y cuestionamientos.

Sin embargo, por desgracia, esta situación no es la excepción sino la regla en los hospitales públicos del sistema de salud. Más a allá de la polarización y de las fobias partidistas provocadas por las formas de hacer política –a la mala– que imperan en nuestro País, una cosa es innegable: en México se le ha apostado muy poco a garantizar el derecho humano a la salud, descuidando no sólo a los beneficiarios, sino al personal médico que ahora trabaja prácticamente con las uñas.

En Coahuila, por ejemplo, el gobernador Miguel Riquelme Solís informó que los trabajadores del sector salud han sido de los más afectados por el padecimiento, ya que representan 46 por ciento de los casos hasta ahora reportados (VANGUARDIA, 16 de abril, 2020).

¿Pero cuánto ha invertido el Estado mexicano en este imprescindible rubro que ahora colapsa antes de que lleguen los días más críticos de atención de enfermos por el coronavirus?

De acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “en los últimos 10 años, la brecha en el gasto per cápita entre instituciones de salud en México se redujo, ya que este indicador se contrajo en todas las instituciones de salud como resultado de un presupuesto insuficiente y que no está vinculado al incremento en población afiliada”.

El gasto público en salud ha oscilado entre 2.5 y 2.9 por ciento del PIB; estimaciones propias y de organismos internacionales sugieren destinar, al menos, el doble, según el informe “La contracción del gasto per cápita en salud: 2010 – 2020”, realizado por el CIEP.

A la falta de presupuesto debemos sumar los problemas de corrupción que han sido denunciados por distintas organizaciones de la sociedad civil, como la iniciativa Nosotrxs, que ha documentado la falta de medicamentos y tratamientos para pacientes de VIH y cáncer, tan sólo por mencionar algunos ejemplos.

Por otro lado, trabajadoras de la salud han sido víctimas de otra profunda deficiencia en México: la educación. En Guadalajara, taxistas han negado a enfermeras sus servicios; en Culiacán, un sujeto arrojó cloro a una enfermera; en San Luis Potosí, una madre con sus dos hijos agredieron a otra y; en Mérida, a una chica que trabaja en un hospital le arrojaron café caliente en la espalda.

ALGO DE LUZ

En la región, organismos ciudadanos, la iniciativa privada y el gobierno estatal han trabajado en colaboración, con la finalidad de llevar insumos a los trabajadores de la salud y acondicionar, de manera extraordinaria, centros de atención para atender la contingencia.

Pero, por desgracia, las lecciones de la pandemia serán dolorosas. ¿Le alcanzará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el tiempo para romper la inercia de dejar para después la salud con una crisis económica internacional a cuestas? Por ahora, el panorama es desolador, pues los trabajadores del sector salud están cayendo como moscas.