El 30 de agosto, en las páginas de Vanguardia en una nota de Armando Ríos, se dio a conocer que en el primer semestre del año en Coahuila se han registrado 54 desapariciones. Si bien la cifra, frente al ejército de 40 mil desaparecidos en el País, podría resultar poco, no lo es. Me explico.

Las cifras las entregó la propia Fiscalía de personas desaparecidas. Entonces, oficialmente cada 30 días de los primeros seis meses del año desaparecieron 9 personas. Prácticamente, en pleno 2019 y cuando se presume de ser un estado seguro y fuerte, cada tercer día desaparece un coahuilense.

Los colectivos, siete en la entidad, lo han expresado hasta el cansancio: siguen habiendo desapariciones.

Desde por lo menos 2016 –sino es que desde antes– las autoridades en Coahuila nos han dicho, también hasta el cansancio, que la entidad ya es segura, que se acabaron los años violentos, que hay que cuidar que no regresen los tiempos de balaceras, que ya se puede salir a la calle, que Coahuila es fuerte, que hay que blindarlo de otras entidades que siguen ardiendo. Vaya que hay seguridad.

Sin embargo, quizá sigilosamente, las desapariciones perduran. Según la nota de Vanguardia, que citó datos entregados vía transparencia, hay 2 mil 113 personas desaparecidas desde 2001, personas que siguen sin localizarse. Para que nos demos una idea del fenómeno, ampliaremos el espectro.

Si bien hace seis meses había 54 desaparecidos menos, al finalizar el 2016, hace dos años y medio, había un registro de 264 desaparecidos menos, pues según la misma Fiscalía de desaparecidos, hasta 2016 había un registro de mil 849 personas sin localizar, desaparecidas. En otras palabras, entre 2017 y el primer semestre de 2019 han desaparecido 264 personas: nueve por mes, uno cada tercer día.

Cierto, no estamos en los niveles de 2011, el año con más casos en el estado, cuando según la autoridad estatal se tuvo un registro de 340 desaparecidos, prácticamente uno cada día. Pero el punto es que siguen habiendo desapariciones y a un ritmo que sigue dando escalofríos: uno cada tres días en el primer semestre de 2019. Uno cada tres días en los últimos 30 meses. Nada qué presumir.

Pareciera que el trabajo hoy en día ante esta problemática es atender las búsquedas de quienes tienen cuatro, cinco, seis, 10 años desaparecidos; atender la identificación de restos, la exhumación de cuerpos a los que no se les extrajo en su momento un perfil genético, la creación de legislaciones que den certeza a las familias, el acompañamiento a los hijos de desaparecidos. Todas ellas válidas, necesarias y urgentes. Pero, ¿quién detiene las desapariciones?

Las cifras de personas que siguen desapareciendo son de llamar la atención, por decir lo menos. ¿No que ya no hay grupos del crimen organizado? ¿No que la violencia e inseguridad es cosa del pasado? El problema no sólo es que la Fiscalía de personas desaparecidas se ha convertido en una instancia burocrática más, rebasada frente a las zonas de exterminio que han sido encontradas por las familias en el estado, no sólo porque la investigación para dar con los paraderos es casi nula, sino también porque no hay una seguridad plena que esté evitando que sigan ocurriendo las desapariciones.

¿A dónde van los desaparecidos? Una desaparición cada tercer día. No es un dato de un estado que se dice fuerte.

AL TIRO

La semana pasada en este mismo espacio se refirió que la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) había incluido en el contrato para la venta de carbón, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al menos a una empresa “facturera”, es decir, una de esas empresas que simulan operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales. Y se había señalado a Minera Don Chilo S.A de C.V. La Prodemi aclaró, correctamente, que la empresa que había incluido en el contrato se trataba de otra razón social: Minerales Don Chilo S.A de C.V.

Cierto, la Prodemi no incluyó a una “facturera” en el contrato con la CFE y esta columna cometió el error, pero no deja de llamar la atención que Antonio Flores Guerra aparezca como socio en las dos razones sociales, la “facturera” y la que está en regla y fue incluida en el contrato para proveer de carbón.