Ciudad de México.- La diputada federal por el PAN en Guanajuato, Karina Padilla y la ex diputada local por el mismo partido Olivia Garza, quien redactó la norma para los penales capitalinos, buscan llevar a nivel nacional la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal con la finalidad de que el país tenga, por primera vez en la historia, un marco legal que regule la vida al interior de las cárceles. 

Desde hace un mes Padilla y Garza comenzaron las gestiones necesarias para llevar a cabo su iniciativa, la cual esperan se concrete a la brevedad. 

Ambas se reunieron con una representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para que las acompañe en la elaboración de la ley nacional. 

Su intención es que la norma regule el funcionamiento de las cárceles del país, así como las facultades, limitaciones y sanciones a funcionarios y servidores públicos que en ellas laboren. 

Olivia Garza, actual directora de la asociación civil Modernizando el Sistema Penitenciario, aseguró que el tener una Ley que regule las prisiones que hay en la República Mexicana sería un gran avance para los trabajos de reinserción social, respeto de derechos humanos y combate a la corrupción. 

"Ya estamos en pláticas para elaborar el proyecto final, la diputada Karina Padilla me buscó porque está interesada en llevar la Ley para Centros de Reclusión de la Ciudad a nivel federal y vamos a trabajar en ello. Nos da orgullo que la Ciudad de México este sirviendo de ejemplo para las políticas nacionales", indicó. 

La ex diputada aclaró que esta ley no tiene relación con la propuesta de ley de ejecución de sanciones penales del gobierno federal, "pues una ley de centros de reclusión no interfiere en la aplicación de penas, sino en la vida y sustentabilidad de las prisiones". 

Insistió en que existe "una gran diferencia" y mencionó que hasta el momento "el gobierno federal no ha pensado en una ley así". 

Garza consideró urgente y necesaria esta intervención ante los últimos hechos registrados en las prisiones estatales, ya que "con una ley así, si se lleva a cabo como tal, no podrá suceder una matanza como la de Topo Chico".