CDMX.- El decreto expropiatorio que realizó Enrique Peña Nieto para construir la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa, venció, pero la construcción sigue vigente. El pueblo otomí de Huitzizilapan pide al gobierno actual la devolución de sus tierras y emprenden una ruta legal.

El documento venció el 29 de mayo de 2019, con el cual expiró el periodo para cumplir con la “utilidad pública” de un decreto expropiatorio que el expresidente lanzó en 2014 contra 6-93-87 hectáreas del bosque de Huitzizilapan.

“Ellos dicen que es de utilidad pública, pero nosotros, siendo los dueños, ya no podemos pasar y caminar por estos lugares”, denuncia Abundio Rivera, representante de los habitantes de la zona por usos y costumbres.

Los otomíes recolectan todavía hongos y quelites, leña muerta y ocoshal, pero ahora frente a sus lugares tradicionales de paso es construida una vía de cuota de cuatro carriles para la rápida circulación de personas y mercancías entre el Aeropuerto Internacional de Toluca Licenciado Adolfo López Mateos, Interlomas y Santa Fe.

“Por eso vamos a pedir la devolución de estas tierras hacia nuestro núcleo comunal”, anuncia Abundio Rivera. 

De acuerdo con el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, la obra lleva una inversión de 8 mil 141 millones de pesos y tiene un avance de 78 por ciento.

Las comunidades de Huitzizilapan y Xochicuautla interpusieron el amparo 1635/2018 ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Segundo Circuito y obtuvieron una suspensión en diciembre pasado. Según el abogado de la comunidad, la obra debería ser detenida en los tramos de las dos comunidades hasta que exista un fallo definitivo.

El vencimiento del decreto abre la posibilidad legal para los pueblos de la montaña, explica el abogado de la comunidad, Hugo Hernández.

RECURSO LEGAL

El pasado 17 de junio, comuneros, autoridades por usos y costumbres, y otros órganos de representación de Huitzizilapan decidieron pasar a la ofensiva e interponer un inédito recurso legal llamado “solicitud de devolución del territorio” ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, cuyo titular es Samuel Peña Garza, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Román Meyer.

“Actualmente, en el foro legal mexicano no existe un procedimiento para reclamar nuestro derecho como comunidad indígena en el proceso de devolución o recuperación de territorio indígena expropiado cuando fenecido el plazo no se cumple con la causa que origina la expropiación”, dice el documento solicitado.