CDMX.- Las integrantes de un grupo de voluntarias que buscan los cadáveres de familiares asesinados están empezando a ser blanco de los asesinos, un giro que pone a prueba las promesas del Gobierno de ayudarlas a recibir el consuelo de poder enterrar a las víctimas.

Las mujeres abocadas a esta tarea dicen que reciben amenazas y son vigiladas, probablemente por la misma gente que mató a sus hijos, hermanos y maridos.

Pero ahora las amenazas dieron paso a las balas, dirigidas a estas mujeres, que han resultado ser mucho más efectivas que las autoridades en la detección de fosas clandestinas y sitios donde queman a las víctimas, de los que se cree que hay miles. Dos buscadores fueron asesinados en los últimos dos meses.

Aranza Ramos llevaba un año buscando a su marido, Bryan Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre del 2020. Es hoy una de los 87 mil 855 desaparecidos que hay en México. Se cree que la mayoría fueron asesinados por los carteles de las drogas y sus cuerpos fueron enterrados o quemados.

Los investigadores comprobaron a lo largo de la última década, desde el peor momento de la guerra contra el tráfico de drogas del 2006 al 2012, que las bandas entierran a sus víctimas en los mismos sitios, una y otra vez, creando macabros campos de la muerte.

Fue allí, en un terreno conocido como Ejido Ortiz, en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, que Ramos fue asesinada el 15 de julio, mientras buscaba a su marido.

“En el ejido Ortiz se han encontrado varios crematorios clandestinos, algunos todavía con brasas y humo al momento del hallazgo”, dijo el grupo de buscadoras de Ramos en un comunicado. “Ese ejido es un lugar de exterminio activo”.

Tan activo que los buscadores dicen que se ponen nerviosos cuando llegan a un sitio donde todavía hay restos de un fuego. Quiere decir que los asesinos pueden estar todavía usando el lugar.

Luego de buscar durante un día, Ramos regresó a su casa en la ciudad de Guaymas. Poco antes de la medianoche, fue secuestrada. Los asesinos se la llevaron en un auto y arrojaron su cadáver lleno de balas a un costado de una carretera. 

MEDIDAS

>  Las autoridades del estado de Sonora dijeron que ofrecerán custodias a las buscadoras que se cree corren peligro. También se comprometieron a enviar equipos de excavación a los sitios que detectan las buscadoras.

La oficina de derechos humanos de la ONU en México opinó que “cuando un estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias en una situación de riesgo”.

Las voluntarias han resultado ser mucho más efectivas que las autoridades en la detección de fosas.