Uno de los “talentos” que los miembros de nuestra clase política más aprecian es el relativo a “conocerle los trucos” a la ley, es decir, la receta para hacer como que se cumple lo que las normas ordenan, cuando en realidad se está pasando por encima de aquellas.

La presentación más sofisticada de este talento es aquella que permite a quienes burlan la ley concretar sus propósitos sin despertar sospechas ni concitar las miradas del público.

Pero si esto último no es posible, basta con ser capaces de evitar cualquier castigo y, sobre todo, ofrecer una buena explicación de por qué “eso”, que parece una violación normativa, simplemente no lo es , sino que se trata de una actividad perfectamente legal.

Un extraordinario botón de muestra de este apreciado “talento” lo constituye el largamente discutido caso de las “cuotas voluntarias” que una veintena de ayuntamientos coahuilenses retienen a sus empleados para entregarlas posteriormente a los partidos políticos en los cuales militan sus respectivos presidentes municipales.

De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, tal práctica “podría” constituir un acto ilegal pues la legitimidad de las retenciones sólo puede probarse mediante la exhibición de la autorización que por escrito haya otorgado el empleado y el correspondiente recibo —expedido por el partido político— por su contribución individual.

Resulta importante en este caso resaltar el verbo utilizado porque el mismo representa la primera parte de la pavimentación del camino hacia la impunidad de quienes “podrían” haber violado la ley al ejecutar los descuentos salariales a los empleados municipales.

Y es que no hace falta ser demasiado perspicaz para anticipar desde ahora que ninguna sanción recaerá sobre los funcionarios municipales a cuyo cargo ha estado la implementación de los programas de “aportaciones partidistas” que, como todo mundo sospecha, ni son “voluntarias” ni necesariamente se contabilizan como ingresos para los respectivos partidos políticos.

Y es que si existiera interés real en sancionar, se haría mucho más que sólo emitir “observaciones” en el informe anual de resultados del órgano fiscalizador.

¿Qué más podría hacerse? Por ejemplo, investigar en los registros de los partidos políticos si los descuentos realizados a los empleados municipales —que en algunos casos suman millones de pesos— realmente ingresaron a las cuentas de estos y de las cuales deben entregar información detallada a la autoridad electoral del Estado.

En otras palabras, determinar si esta práctica implicó una violación a la Ley o no es sumamente fácil. Lo que no es fácil es mostrar voluntad real para que la extendida práctica de burlar la ley comience a perder adeptos porque se convierta en “deporte de alto riesgo”.