Según Reforma, los brazos estatales de este mecanismo se encuentran paralizados por la intervención de gobernadores y legisladores que han obstaculizado la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción, esto a casi dos años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Una investigación desarrollada por la organización ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas en 10 estados muestra, además, que en todos los casos hubo acciones para bloquear la participación de la sociedad civil en esos sistemas, independientemente del origen partidista del Gobernador respectivo.

Añaden que se pudo encontrar que han complicado la conformación de las estructuras, el presupuesto y el marco legal para garantizar la operación de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC).

Los estados revisados fueron Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. Por ejemplo, en Baja California "el PAN en el Congreso y en el Gobierno del Estado, con dolo, alevosía y ventaja, está congelando nombramientos para afectar este esfuerzo ciudadano", señala el diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California (PBC).

Esta entidad, que a partir de noviembre será gobernada por Morena, tras 30 años de dominio panista, es una de las tres que todavía no tienen fiscal anticorrupción. Las otras son Baja California Sur y Ciudad de México.

A Juan Manuel Carreras, Mandatario de San Luis Potosí (PRI), lo señalan de propiciar un letargo que alcanza tintes surrealistas, pues el Periódico Oficial estatal tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC, y, cuando lo hizo, nombró como presidenta a una integrante que ya había renunciado al cargo e inclusive que ya había fallecido.

San Luis Potosí es además uno de los seis estados que no cuentan con Secretaría Ejecutiva del SEA. Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala tampoco han nombrado al brazo directivo que por ley debería velar por la rendición de cuentas.

ETHOS documentó además que los procesos se alejan de las mejores prácticas en aspectos como la armonización de leyes con respecto al modelo nacional, lo cual indica la falta de voluntad política en los Congresos locales.

En Nuevo León, Daniel Butruille, integrante de Ciudadanos Contra la Corrupción, dice que los coordinadores de las bancadas de diputados de Nuevo León "son los que definen los rumbos; ellos son realmente los portavoces de la partidocracia".

Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción de la entidad, reconoce que tiene en su escritorio 177 expedientes sin resolver, por trabas de funcionarios poco acostumbrados a la rendición de cuentas.

La Ciudad de México, por ejemplo, tiene un rezago que se remonta a la Administración de Miguel Ángel Mancera (PRD), quien dejó el cargo en marzo de 2018 sin impulsar el nombramiento del fiscal anticorrupción. A la fecha, dicha silla sigue vacía, al igual que los asientos del Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva.

En Chihuahua, René Moreno, miembro del Comité de Participación Ciudadana, acusa al Gobierno de Javier Corral (PAN) de irresponsabilidad administrativa, pues la Secretaría de Hacienda escatima fondos que ya están autorizados. "Lo que han querido que avance, avanza, y lo que no han querido, lo frenan a como dé lugar", dice.

En Veracruz, Sergio Vázquez, presidente del CPC, lamenta la decisión del Gobernador Cuitláhuac García (Morena) de recortar a la mitad el presupuesto solicitado: pasó de 40 a 20 millones de pesos.

Además, en esta entidad estigmatizada con uno de los casos más insultantes de corrupción, el del ex Gobernador Javier Duarte, el Comité Coordinador del SEA, desde su instalación en agosto de 2018, no ha incidido la investigación y seguimiento a los casos de desvío de recursos públicos que marcaron esa administración.

También ha sido omiso ante las acusaciones de presunto tráfico de influencias y la asignación de contratos de servicios y obra pública otorgados al primer círculo de Miguel Ángel Yunes Linares.

Ethos encontró resistencias a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas estatales, que plantean requisitos de honorabilidad para quienes aspiren a ser secretario técnico o miembros del CPC, pues la idea es que sean probos y apartidistas, además de capacitados en el combate a la corrupción.

En Guerrero, uno de los integrantes del CPC, Ignacio Rendón Romero, pasó ocho años como auditor general del Gobierno del estado, desde 2002, con el priista René Juárez Cisneros, hasta 2010, con el perredista Zeferino Torreblanca.

En Tabasco, el pasado 6 de mayo fueron nombrados Fernando Vázquez Rosas y Mileyli María Wilson Arias como reemplazos de miembros del CPC que renunciaron. El primero ocupó dos cargos en el sexenio de Arturo Núñez: como vocero especializado en seguridad pública y, en la recta final, ocupó la titularidad de la Comisión de Radio y Televisión.

En tanto, Wilson Arias fue secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y asesora del ex fiscal del estado, Fernando Valenzuela Pernas, cuando fue diputado local.

La Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chiapas y Campeche no tienen asignado presupuesto este año para sus sistemas estatales anticorrupción, de acuerdo con una revisión de la organización Ethos.

Además, solo siete entidades asignaron más de 20 millones de pesos para ese proyecto. Encabeza Estado de México con 93.5 millones de pesos, seguido de Jalisco con 50.1, Puebla con 32.5, Coahuila con 28.3, Nuevo León con 22.3, Tabasco con 22.1, y Veracruz con 20 millones de pesos para 2019. De los 18 estados con presupuestos inferiores a los 20 millones de pesos, el más bajo es Baja California Sur con 2.5 millones de pesos para su sistema anticorrupción.

De acuerdo a Reforma