La primera mujer en ocupar la Presidencia de Brasil se encuentra cerca de agregar un elemento más a la lista de cosas en las cuales ha sido la primera: Dilma Rousseff podría ser la primera mujer en ser destituida del cargo de primer mandatario en su país.

Y es que ayer, luego de días enteros de tensión, agitada discusión e imparables negociaciones, la oposición logró el número mínimo de votos necesarios, en la Cámara de Diputados, para hacer avanzar el proceso que pretende someter a juicio político a la heredera de Luiz Inácio Lula da Silva.

Rousseff no ha perdido aún la guerra, pero ayer sufrió una derrota que podría ser definitiva, pues a diferencia de la cámara baja del Congreso federal carioca, en donde debían votar a favor del impeachment dos tercios de sus miembros, en el Senado sólo hace falta una mayoría simple para concretar el proceso que, en un primer momento, le arrebataría el poder a la Presidenta durante seis meses.

Rousseff ha dicho que el proceso mediante el cual pretende sometérsele a juicio político es un auténtico “Golpe de Estado” y ha acusado de promoverlo a su propio vicepresidente, Michel Temer, quien ocuparía la titularidad del Ejecutivo en su ausencia.

Se trata, sin duda, de uno de los episodios más interesantes de la vida política de América Latina y de uno al cual conviene voltear a ver no solamente para saciar el morbo, sino para entender mejor la manera en la cual la democracia debe protegerse para evitar que naufrague.

Porque si efectivamente nos encontramos ante la posibilidad de que una coalición política circunstancial deponga a una mandataria electa de forma legítima, el proceso contra Rousseff constituye uno de los peores mensajes que en la época moderna haya recibido la democracia latinoamericana.

Si, por el contrario, Dilma ha incurrido en las faltas de las cuales se le acusa, el parlamento brasileño estaría ofreciéndonos una extraordinaria lección de cómo, un conjunto de representantes populares, efectivamente comprometidos con los intereses de sus representados, son capaces de someter a juicio a quien ocupa el más alto cargo de elección popular.

Cualquiera que sea la motivación detrás de quienes han promovido el juicio político en contra de la Presidenta de Brasil, se trata de un episodio de la vida pública que conviene voltear a ver y del cual resulta indispensable aprender.

Cualquiera que sea el resultado final de este proceso, al resto de las democracias latinoamericanas les resultará útil: bien para entender mejor la forma en la cual debe protegerse el resultado de la voluntad popular, bien para aprender cómo se combaten los excesos del poder.

En unos días más, los integrantes del Senado brasileño tendrán la oportunidad de escribir un capítulo importante de la historia de su país y, de paso, ofrecernos una lección relevante al resto de los hispanoparlantes del continente.