Brasilia. El futuro de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff pende de un hilo el domingo mientras los legisladores lentamente votaban sobre si llevarla a juicio o permitirle finalizar su gobierno en 2018.

Luego de más de 40 horas de debate desde el viernes, los legisladores de la Cámara de Diputados comenzaron a votar uno a uno la tarde del domingo, la culminación de meses de jaloneos políticos que exhibieron la profunda división política en la nación más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.

El presidente de la cámara, Eduardo Cunha, quien encabeza el movimiento de juicio político, llamó uno a uno a los otros 512 diputados, dándoles tiempo para hablar antes de votar. Luego de cada voto se escucharon aplausos y abucheos, mientras los legisladores veían la pizarra con el conteo de sufragios.

Luego de las priemeras dos horas de votación 200 diputados se han manifestado a favor del juicio y 51 se han declarado en contra, tres se han abstenido y faltan por pronunciarse 259.

Luiz Carlos Hauly, diputado del Partido de la Social Democracia Brasileña, el principal opositor, dijo que Rousseff tenía que irse.

"En Europa cambian de gobierno cuando no cuenta con la mayoría", afirmó. "El gobierno no la tiene. No tiene los medios para gobernar".

Simone Morgado, miembro del partido Movimiento Demócrata Brasileño, dijo que quienes proponen el juicio político intentan derrocar a una presidenta electa democráticamente.

"Dado que Dilma no cometió ningún crimen, como muchos en esta cámara, que no tiene vergüenza, voto que '¡no!''', dijo.

La sesión extraordinaria es la conclusión de meses de pugnas, que prácticamente han paralizado al gobierno y dividido al país, en que los dos bancos intercambiaban acusaciones de "golpistas" y "ladrones".

Si 342 de los 513 miembros de la cámara baja votan a favor del juicio político, el proceso de remite al Senado, donde otra votación podría suspender a Rousseff y entregarle el cargo al vicepresidente Michel Temer, a quien Rousseff acusa de ser parte de una conspiración en su contra.

Si los legisladores votan en contra de destituirla, las gestiones para separarla del cargo quedarían canceladas. Cualquier proceso subsiguiente tendría que comenzar desde cero.

Las emociones han sido intensas desde que el proceso comenzó el viernes en la Cámara de Diputados con sesiones ruidosas y desordenadas.

Frente a la legislatura en Brasilia manifestantes de uno y otro bando marchaban. Las autoridades erigieron una muralla de más de un kilómetro de largo para mantener apartados a los dos bandos.

Patricia Santos, una maestra jubilada de 52 años, se presentó afuera del Congreso y dijo que estaba molesta con el status quo y quiere la salida de Rousseff.

"Queremos que nuestros políticos sean menos corruptos, así que esperamos que al llevarla a juicio político enviemos una señal a todos ellos", afirmó Santos. "Sabemos que todos los partidos están involucrados en la corrupción pero el (gobernante) Partido de los Trabajadores ha encabezado esto durante 13 años, así que deben irse".

Miles se unieron a las manifestaciones, a favor y en contra del gobierno, en otras ciudades del país.

En la Playa Copacabana de Río de Janeiro, miles de personas a favor del gobierno se manifestaron en medio de fuerte música que sonaba en las bocinas de un camión.

Jader Alves, un jubilado de 67 años, prometió que si Rousseff es destituida, volvería a las calles.

"Mi presidenta fue electa en 2014 y permanecerá en el gobierno hasta 2018, sin importar lo que suceda", afirmó Alves.

En discursos de los líderes de los 25 partidos en la Cámara de Diputados, los legisladores se mostraron a favor del juicio político, como un necesario nuevo inicio para Brasil, y hubo quienes también lo criticaron, diciendo que era una usurpación ilegal del poder.

"Brasil está sumergido en graves crisis políticas, éticas y sociales", dijo Fernando Coelho Filho, representante del estado nororiental de Pernambuco. "Le tengo mucho respeto a la presidencia, pero ha perdido autoridad y credibilidad para encabezar siquiera un mínimo esfuerzo para sacar al país de esta situación".

Daniel Almeida, representante del estado de Bahía, estuvo de acuerdo en que el país está sumido en varias crisis, pero insistió en que el juicio político no es la solución.

"¿A través de un gobierno ilegítimo, sin votos? ¿Esa es la salida?", le preguntó a los demás legisladores".

La presidenta de Brasil afronta el juicio político por las acusaciones de que incumplió las normas fiscales. Sus detractores describen una contabilidad de prestidigitadora que pretendía frenar un descenso de popularidad de su gobierno, en medio de una economía en crisis y con un escándalo de corrupción tan grande que ha golpeado a figuras políticas de todo el espectro político, así como a algunos de los empresarios más ricos del país.

Rousseff niega cualquier mala práctica y afirma que presidentes anteriores han utilizado técnicas de contabilidad similares. Las acusaciones, afirma, forman parte de un "golpe" liderado por la elite tradicional de Brasil para arrebatar el poder al izquierdista Partido de los Trabajadores, que ha gobernado el país durante los últimos 13 años.

La votación del domingo se produce mientras el país más grande de América Latina afronta problemas en muchos frentes. La economía se contrae, la inflación ronda el 10% y un brote del virus del zika, que puede causar devastadores defectos congénitos, afecta a zonas del nordeste del país. Río de Janeiro se prepara para acoger los Juegos Olímpicos en agosto, pero los drásticos recortes de presupuesto han alimentado el temor sobre si Brasil estará lista para hacer de anfitriona.

Muchas de las personas que buscan la salida de Rousseff también enfrentan acusaciones de irregularidades. Cerca del 60% de los 594 miembros del Congreso enfrentan acusaciones de corrupción y otros cargos.

Temer, de 75 años y miembro del movimiento Democrático Brasileño —un partido que carece de una ideología concreta y con una reputación de regateo entre bastidores— ha intentado presentarse como un estatista por encima de las disputas, una figura de unidad que puede sanar al país.

Sin embargo, se le ha relacionado con la enorme red de corrupción centrada en la estatal petrolera Petrobras. Además, como firmó algunas de las maniobras contables en disputa, Temer podría terminar afrontando un proceso de juicio político en su contra.

El segundo en la línea de sucesión de Rousseff es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la fuerza impulsora del juicio político y viejo enemigo de la presidenta. Él afronta acusaciones de lavado de dinero y otros cargos por supuestamente aceptar unos 5 millones de dólares en sobornos en relación con el escándalo de Petrobras, y también podría verse despojado de su mandato por las acusaciones de que mintió a un comité del Congreso cuando dijo que no tenía cuentas bancarias en el extranjero. Más tarde aparecieron documentos que los vinculaban a él y a su familia con cuentas en Suiza.

Bajo el estatus legal especial que con el que cuentan los legisladores y otros altos políticos brasileños, deben ser acusados por la Corte Suprema, lo que los protege de cualquier otro proceso legal.

Rousseff recalcó las acusaciones de corrupción que rodean a sus enemigos, e insistió que es la única que no ha sido mancillada por la corrupción.