Es un abuso que los diputados se otorguen un bono extraordinario de fin de año por 150 mil pesos, que se agrega a los 350 mil que reciben en esta época, derivado de sus percepciones regulares y del aguinaldo. Hasta donde sabemos, este bono adicional (75 millones) proviene de ahorros logrados en la administración de la Cámara y los legisladores han insistido que se trata de una práctica recurrente, permitida por las normas internas del Poder Legislativo, no sólo en el ámbito federal, sino también en el estatal. De hecho, el presidente de la Mesa Directiva del Senado ha señalado que están explorando la posibilidad de otorgar un bono semejante a los senadores.

El hecho de que sea una costumbre asignar bonos decembrinos, en función de la suficiencia presupuestal, no implica que haya claridad sobre el origen de los recursos y las razones por las que no se gastaron, de ahí que si bien puede ser una acción legal, es moralmente reprobable por la opacidad con la que se otorga. Es cierto que existen reglas para dar el bono, pues las diferentes fracciones parlamentarias deben aprobarlo, pero la discrecionalidad con la que se reparte provoca rechazo en la opinión pública, particularmente en el contexto de los fuertes recortes al presupuesto público, en áreas sensibles como las de política social, aunado a la creciente pérdida de confianza en las instituciones legislativas. 
Gracias a que contamos con normas que han reforzado las exigencias de transparencia en el manejo de los recursos del Poder Legislativo, hoy podemos conocer las cifras de estos bonos extraordinarios; sin embargo, aún desconocemos de dónde salieron los sobrantes y si obedecen a una mala presupuestación, o a una buena gestión que dejó ahorros y en su caso, en qué rubros. Lo que parece claro es que se siguen tomando decisiones discrecionales, animadas por viejas rutinas fincadas en la arbitrariedad, sin que se hagan cargo de que hay una sociedad cada vez más agraviada por el dispendio público, aunque no sea ilegal y más sensible frente a las deficiencias de los órganos representativos. El hecho de que esta erogación discrecional ocurra en la Cámara de Diputados, que es la institución emblemática de la democracia, por su colegialidad, su pluralidad y representatividad, explica el enojo que despierta este bono adicional.
Si consideramos el desempeño de la legislatura actual en la Cámara de Diputados veremos que es difícil pensar que se hagan merecedores de un premio a su labor diligente. Los diputados aprobaron a tiempo el paquete económico, pero si tomamos el ejemplo de la legislación reglamentaria en transparencia, han estado lejos de cumplir pues nos deben la ley general de protección de datos personales que ya dictaminó el Senado y una deliberación seria sobre la ley general de archivos que ha sido severamente criticada. Más aún, los diputados han mostrado malas prácticas legislativas como en ocasión de la reforma para modificar a posteriori los plazos de los magistrados electorales. 

Los diputados harían bien en reconocer que no se justifica que reciban premios económicos adicionales, incluso porque se trata de una autoasignación, pues son ellos mismos quienes diseñan y aprueban las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara. Por ello, la respuesta al reclamo por el bono no puede depender de la buena voluntad de algunos legisladores, dispuestos a renunciar a él, porque se antoja una salida demagógica. La única vía, además de rectificar, es que se profundice en el manejo de los recursos del Legislativo para que la información que se difunde por obligaciones de transparencia sea más precisa y detallada y ofrezca mejores elementos para evaluar cómo funciona el Legislativo y poder avanzar en la ruta de la siempre pendiente rendición de cuentas. 

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