Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, representa los peores vicios de la política mexicana, como el oportunismo, el no respeto al marco legal, el uso tendencioso del poder público para favorecer intereses personales, el no acatamiento de las reglas del juego, la manipulación de la voluntad popular, entre otras.

Todo ello viene a cuento porque Jaime Bonilla Valdez resultó electo Gobernador de Baja California para un periodo de dos años, sin embargo, después de conocer el resultado electoral, este personaje ha operado de forma abierta y sin ningún tapujo para extender su mandato a cinco años, lo peor de todo es que no existe ningún fundamento legal para dicha extensión, sobre todo porque el señor compitió en una elección que con claridad establecía que el periodo sería de dos años.

Las formas en las que ha intentado torcer la ley son variadas, primero operando para que el Congreso del Estado extendiera el mandato, semanas después de que había concluido el proceso electoral; después organizando una consulta ciudadana, sobre un aspecto que ni siquiera pudiera plantearse en una consulta de este tipo y además interponiendo cuanto recurso legal se le ha ocurrido.

Lo más lamentable del asunto es que sus argumentos se caen por su propio peso, por ejemplo, grito a los cuatro vientos que en ningún lugar estaba establecido que los habitantes de Baja California habían votado para que el Gobernador durara dos años, cuando la propia convocatoria lo establecía con claridad, cuando decenas de documentos y acuerdos de la autoridad electoral así lo estipulaban y cuando el mismo se inscribió en dicho proceso, por lo que se asume su acuerdo con las reglas del mismo.

Lo único que fundamenta su alegato es su hambre desmedida por el poder y un tribunal no debe bajo ningún motivo convalidar su pretensión, porque ello significaría en la práctica, que cualquier gobernante podría manipular la ley ex post, para ampliar su mandato, hacer ajustes en los tiempos de entrega del poder u otro tipo de atropellos a la voluntad de los ciudadanos. 

Lo más preocupante es que Morena y Andrés Manuel López Obrador apenas han hecho condenas timoratas a las acciones de Bonilla, en lugar de poner un alto definitivo, llamarle la atención y decirle que su acción contraviene todo principio legal y daña el espíritu democrático. El dar en la práctica vía libre para que Bonilla tome decisiones y sean las instituciones judiciales quienes resuelvan el asunto, debe leerse como una anuencia tanto del Presidente, como de su partido, para que se vulnere el marco legal de este país y no respete la voluntad de los ciudadanos, que paradójicamente lo eligieron.

De hecho, resulta afortunado que Jaime Bonilla sólo vaya a estar dos años como Gobernador de Baja California, porque si incurre en este tipo de ilegalidades cuando todavía no está al frente del gobierno, imaginen lo que puede hacer cuando tenga a su servicio todo el aparato de dicha entidad a su servicio.

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