CDMX.- A pesar de todas las voces que se han manifestado en contra de este proyecto, de las alertas respecto a que su aprobación violaría tratados comerciales internacionales, así como que podría generar pérdidas millonarias para México, los diputados federales de Morena lo cumplieron y solamente le hicieron cambios mínimos a la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica para desplazar a la iniciativa privada y favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía a través de combustibles fósiles.

Ayer fue circulado entre los integrantes de la Comisión de Energía el dictamen de la iniciativa presidencial que busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica y que se perfila aprobar el próximo viernes.

Entre los cambios más destacados que se hicieron en este proyecto presidencial se encuentra la adición de un segundo artículo transitorio para que “todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto de este decreto, quedaran derogadas”.

Asimismo, en el artículo cuarto transitorio se le posibilita a la Comisión Reguladora de Energía a que, mediante los procedimientos administrativos correspondientes, los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados. “En su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria Eléctrica”.

Asimismo, en el artículo quinto transitorio se agrega que los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno.

Esta iniciativa fue recibida en la Cámara de Diputados el 1 de febrero. El Ejecutivo utilizó su facultad de preferente, con lo que el Congreso de la Unión tiene 60 días para dictaminarla.