De cuando en cuando, en las declaraciones de los funcionarios públicos aparecen datos que parecieran demostrar sin lugar a dudas lo arraigada que se encuentra la cultura de la corrupción en nuestro país y lo poco que estamos dispuestos a hacer para combatirla.

Un buen ejemplo de ello es el reporte que publicamos en esta edición, relativo a las declaraciones que el recién designado delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila, Joel Nochebuena Hernández, realizó respecto del padrón de beneficiarios de programas 70 y más.

De acuerdo con el funcionario, una de las primeras tareas que ordenó al arribar a la delegación estatal de la dependencia fue la de revisar los padrones y uno de los descubrimientos de tal revisión fue la localización de miles de beneficiarios que, al parecer, son personas inexistentes o, para decirlo en lenguaje coloquial, son unos auténticos “fantasmas”.

El descubrimiento, según se desprende de las declaraciones del delegado, habría ocurrido al intentar localizar a la totalidad de beneficiarios del programa y ubicarlos físicamente, fracasando en ¡9 mil 400 casos! de personas cuya existencia no habría sido posible constatar ni siquiera con la ayuda del Registro Civil.

Si el número de casos fuera de 20 ó 30, aunque aún así seguiría siendo un hecho irregular y debería escandalizarnos, uno podría decir que, sobre todo, resultaría necesario reforzar los controles y mejorar la supervisión, pero que no se trata de un problema grave. Cuando el dato es que casi 10 mil beneficiarios de un programa social son “cachirules” estamos hablando de una operación a gran escala para defraudar al Estado.

Y es aquí donde resulta obligado preguntarle al Delegado de la Sedesol si de verdad cree que con dar de baja a los beneficiarios “fantasma” es suficiente, si no cree que el caso amerita una denuncia penal formal ante el PGR y que se investigue, persiga y castigue a quienes se han beneficiado de tal irregularidad por más de una década, según se ha precisado.

Porque si las personas que figuran en el padrón del programa ni siquiera existen, pero para darles de alta en éste resulta indispensable presentar un acta de nacimiento, eso implica que alguien urdió un fraude que requirió la participación de más de una persona.

¿Quiénes reciben los beneficios que se entregan a las personas cuya existencia se encuentra en duda? ¿Cómo se entregan dichos beneficios? ¿Quién ha supervisado a lo largo del tiempo que los recursos invertidos en el programa realmente estén llegando a quienes los necesitan?

Teóricamente, al menos, rastrear el dinero es bastante simple, así que las autoridades federales no deberían encontrar mayores problemas para seguirle la huella a los recursos y dar con el paradero de quienes habrían pervertido un proyecto social que pretende ofrecer apoyo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad en razón de su avanzada edad.

Anunciar que se va a depurar el padrón es absolutamente insuficiente si lo que se nos está diciendo es que se ha descubierto un inmenso fraude. Porque el fraude es un delito y los delitos deben ser denunciados y perseguidos.