La noticia es que la Comisión Federal de Competencia Económica le está imponiendo una multa de 45 millones de pesos a tres empresas navieras de Quintana Roo por supuesta colusión para desplazar a su rival en el traslado de pasajeros de Playa Carmen a Cozumel, es decir Barcos Caribe.

Esta firma se ubica en el ojo del huracán al quedar en medio de acusaciones de corrupción contra el exgobernador de la entidad, Roberto Borge, salpicando a su antecesor, Félix González Canto.

En la paradoja, pues, la firma que llegó a desplazar a la competencia con aparente sostén de recursos públicos, acusa a ésta de desplazamiento ilegal.

Las firmas en el banquillo son Golfo Transportación de Enrique Molina Casares; Naviera Ocean de Héctor Alejandro Matey Espadas, y Naviera Magna de Arturo Báez, quienes anticipar que impugnarán el castigo.

La acusación que favorece en la ruleta a Barcos Caribe habla de que las firmas se coludieron para no reducir el precio del boleto ni absorber el Impuesto al Valor Agregado que subió del 11 al 16 por ciento.

Sin embargo, las empresas no han aumentado sus precios desde hace cinco años, por lo que reducirlos y absorber el IVA las habría sacado de mercado.

Aun así sus costos siguieron siendo competitivos frente a los de Barcos del Caribe.

La exigencia de bajar las tarifas deriva de una promesa presidencial inducida por el coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz De Teresa.

Emplazados por el organismo en lucha contra prácticas monopólicas, las navieras castigadas plantearon una serie de alegatos, por ejemplo el incremento progresivo del diésel marino.

La prueba exhibida por el organismo para justificar la presunta colusión es un correo electrónico interno de una de las navieras en que se establecía un horario de tráfico. La investigación no pudo acreditar reuniones de directivos de las firmas o llamadas telefónicas cruzadas.

La sanción coloca en ruta a las navieras para un posible retiro de licencias por parte de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, lo que le colocaría una alfombra a Barcos Caribe para navegar en todos los litorales de Cancún y Riviera Maya, desde Playa del Carmen a Calica, Cozumel e Isla Mujeres.

La instancia le abrió la puerta de par en par a Barcos del Caribe, quien bajo la estrategia de tarifas castigadas tiene ya el 55 por ciento del mercado.

El hecho es que desde al final del gobierno del hoy senador Félix González Canto se habla de que la firma podría haber sido creada con recursos públicos. Se destacaba, desde entonces, la presencia en la sociedad en un tío de éste, Franco González.

Al ingreso del gobernador Carlos Joaquín se recuperó el expediente, agregando supuestas aportaciones directas o indirectas de recursos públicos por parte del anterior, es decir Roberto Borge.

En el nuevo esquema se agregan los nombres de César Celso González Hermosillo, abogado de Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador quien también ocupó el cargo.

Además se ubica a Lourdes Pinelo Nieto, quien fuera asistente personal del propio Borge Martín.

Se calcula una inversión total de 15 millones de dólares.

Sin querer, pues, la Cofece le dio un empujoncito más a la corrupción.

albertobarrancochavarria0@gmail.com