GUANAJUATO, Gto.- La jueza Cristina Rábago determinó prisión preventiva para la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, quien quedó vinculada a proceso penal por el delito de peculado.

La también exdiputada permanecerá detenida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de León.

Su abogado, Edmundo Lozano, quien dijo que la determinación del Poder Judicial ocurrió antes de lo esperado. "Esperábamos que fuera mañana, incluso el domingo, pero ya se resolvió situación y va a ser sometida a un procedimiento penal".

Ahora la parte defensora tendrá que trabajar y estudiar el contenido de la averiguación durante las próximas horas para lograr que su proceso legal lo pueda llevar a cabo en libertad. El representante legal buscará que el proceso judicial se cambie al nuevo sistema penal acusatorio y así la investigación y defensa se realice sin la privación de la libertad de Botello Santibáñez.

Lozano añadió que no existe tiempo estimado de cuánto tiempo podría estar Bárbara Botello en prisión preventiva, pues la decisión ya le corresponde al Poder Judicial, aunque consideró que podría obtener su libertad bajo fianza o con la firma periódica, tal como lo marcan las nuevas reglas de impartición de justicia.

Botello fue detenida el jueves 30 de mayo fuera detenida por la Fiscalía General del Estad por haber firmado contratos con empresas fantasma en el 2013, cuando gobernaba el municipio de León.

NO ES PERSECUCIÓN: HLS

El alcalde de León, el panista Héctor López Santillana, dijo que la detención de la exalcaldesa Bárbara Botello no es una persecución política y que todo se ha hecho apegado a derecho.

Lo anterior, luego de que algunos grupos de oposición, abogados y empresarios externaron esa posibilidad ante el asombro que causó la detención de la exdiputada federal.

Ernesto Vega Güillot, presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría (Cicur), se dijo sorprendido y confió en que la autoridad aclare lo antes posible la situación, pues afecta la credibilidad de la sociedad en la política.

Francisco Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), prefirió no opinar, sino esperar a la investigación.

López Santillana expuso que "si hubiera sido una sido una persecución política, lo hubiéramos manejado en tiempos que hubiera convenido políticamente. Esto no tiene nada que ver y se ha respetado el Estado de derecho y es un llamado a mi administración de que no nos temblará la mano y que el que falle con la confianza, se llevará a rendir cuentas".

Insistió en que sólo es la culminación de un proceso que inició hace varios años y ahora está en manos de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato y el Poder Judicial.