Cada semana se vuelve más intolerable la protección del presidente Enrique Peña Nieto a su amigo, Jesús Murillo Karam, porque cada vez que hay nuevos análisis sobre lo que pudo haber sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, brotan más contradicciones a la versión de el exprocurador sobre lo que pasó aquella noche en Iguala que es, por cierto, la narrativa oficial del Gobierno de cómo se cometió aquél crimen. Es intolerable la protección presidencial, dicho así porque sólo podría entenderse que la PGR no lo haya llamado a declarar ministerialmente sobre lo que hizo, deshizo, confundió o mintió sobre aquél episodio, por una obstrucción del más alto nivel a la justicia.

La última duda a la versión oficial del crimen en Iguala se dio el viernes pasado, cuando los expertos de la Universidad de Innsbruck, en Austria, que analizaron nueve muestras óseas y cabellos provenientes del basurero de Cocula, y dos muestras más del Río San Juan —donde dijo Murillo Karam mataron e incineraron a todos los estudiantes y donde echaron sus cenizas—, dijo que ninguna de ellas pertenecían a los jóvenes de Ayotzinapa, con lo que, una vez más, los dichos del exprocurador fueron descalificados.

No sólo ha sido la ciencia o expertos internacionales quienes han cuestionado la solidez de la investigación del exprocurador, sino el propio Murillo Karam quien ha ido desmantelando su versión oficial con rectificaciones y contradicciones. El exprocurador ha desmentido tantas cosas de las que él mismo dijo a lo largo de los meses, que sorprende su esquizofrenia. La paradoja ante sus acciones y declaraciones es que el Gobierno federal no cometió directamente el crimen de Iguala. Pudo haber, porque aún no se comprueba, participación de funcionarios y políticos municipales, estatales e incluso federales, pero ¿qué tanto fue producto de un método de trabajo? ¿qué tanto casuísticamente? Entonces, ¿qué esconde o trata de proteger el exprocurador? ¿Omisiones que crearon las condiciones para el crimen? ¿Negligencias que afectaron las responsabilidades federales?

La forma de proceder de Murillo Karam ha perjudicado al Presidente y al Gobierno. Pero ¿por qué, si tanto daño ha hecho, lo protege Peña Nieto? Quizás, planteada como hipótesis de trabajo, porque la verdad histórica de cómo operó el Gobierno en las primeras horas del crimen, sería más costosa que el blindaje. ¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de sucedido? Son varios los momentos que podrían construir la narrativa de cómo el Presidente y su equipo, en momentos clave, actuaron o dejaron de actuar porque soslayaron las consecuencias que tendrían sus acciones y actuaron a partir de un diagnóstico fallido:

1.- Cuando se enteró lo que pasaba en Iguala, el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, reportó la misma noche del 26 de septiembre de 2015 al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda —compadre del Presidente—, de la violencia contra los normalistas de Ayotzinapa, algunos de ellos heridos y desaparecidos. Miranda lo escuchó sin sonar la alarma federal para entrar en acción. No entendió la magnitud de lo que eso significaba. Hipótesis: la manera de actuar de un Gobierno estructurado en los amiguismos, ha provocado severos costos políticos para la nación.

2.- Aguirre informó al comandante de la 35ª Zona Militar de Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27º de Infantería en Iguala, que había un conflicto en Iguala. La respuesta fue que no tenía información, lo que era mentira: los soldados del batallón estaban en las calles de la ciudad, informando lo que sucedía. Eran parte interesada: vigilaban, informaban y dos de los normalistas desaparecidos eran soldados. 
Hipótesis: el Ejército ha sido utilizado por el Gobierno civil para acciones meta constitucionales; lo que hicieron en Iguala fue, por diseño, lo que les ordenaron en Michoacán, proteger criminales porque iban a eliminar a otros criminales.

3.- Cuando se evaluó en Los Pinos lo que había sucedido el fin de semana en Iguala y Murillo Karam explicó que todo se trataba de “una depuración” entre narcotraficantes, la decisión fue que ni el Presidente ni el Gobierno federal intervinieran. Nadie en el equipo de Peña Nieto entendió la magnitud del evento: estudiantes capturados por la policía y entregados a criminales. El delito era desaparición forzada, que nunca prescribe. Hipótesis: Peña Nieto podría ser enjuiciado en cortes internacionales como responsable del crimen de Iguala.

Una declaración de Murillo Karam ante el ministerio público mostraría su incompetencia e incapacidad, además de descubrirlo como omiso, que conlleva responsabilidad penal: ¿por qué nunca consignó al exalcalde de Iguala por delincuencia organizada como pidió la Fiscalía de Guerrero en mayo de 2014? Pero si habla y explica los contextos en los cuales se tomaron las decisiones dentro de Los Pinos en los primeros días de la desaparición de los normalistas, lo que quedaría expuesto es cómo la falta de oficio y conocimiento, empapadas en impericia e ingenuidad, hicieron que un puñado de funcionarios ante quienes se entregó el Presidente para que decidieran por él, lo colocaron en el centro de ese crimen y de sus consecuencias legales. 

Un error de juicio y operación del Jefe de Estado mexicano, es más costoso que mantener en la hoguera a Murillo Karam, en donde terminará finalmente, cuando el Presidente sea al que le prendan fuego.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa