A menos de cuatro años de su aprobación por la mayoría del Congreso de la Unión, la Reforma Energética ha registrado avances importantes. En ese periodo, además de los cambios a la Constitución General de la República, se han promulgado 21 leyes secundarias y 364 disposiciones, lineamientos y normas oficiales. Se han efectuado dos rondas y siete licitaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos, por medio de las cuales se han asignado 46 campos terrestres y 23 áreas contractuales en aguas someras y profundas, además del bloque Trión que operará Pemex en asociación con la empresa australiana BHP Billiton, a 36 empresas y consorcios operadores, nacionales y extranjeras. Respecto de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables, principalmente eólicas y solares, 61 proyectos de 34 empresas de generación han resultado ganadores en las dos primeras subastas eléctricas, lo que permitirá añadir 5 mil megawatts de generación de energía limpia.

La inversión comprometida, tanto para proyectos de hidrocarburos, como de generación de energía eléctrica asciende a 66.6 mil millones de dólares, que en el corto plazo dinamizarán las actividades de esta industria y, por tanto, la generación de empleos bien remunerados; en el mediano plazo contribuirán a disminuir la dependencia energética del País.

Sin embargo, aún hay tareas pendientes que es necesario efectuar para que los objetivos de la Reforma Energética se cumplan cabalmente. Una de estas tareas es la definición de las reglas relativas al porcentaje del valor de la producción extraída por las empresas operadoras que ha de otorgarse como contraprestación adicional a los propietarios de la tierra.

No se han publicado en el Diario Oficial las Disposiciones Administrativas de Carácter General para Elaborar las Evaluaciones de impacto social. Falta también establecer el proceso para verificar el cumplimiento de los planes de gestión social a los que, en beneficio de las comunidades, se comprometen las empresas. Además, por falta de acuerdos entre las autoridades responsables y las empresas operadoras, se ha postergado el reporte de contenido nacional de las inversiones y otros gastos que realizan dichas empresas.

Aunque existen fondos de apoyo a la formación de recursos humanos especializados para la industria energética, no hay una estrategia general orientada a alcanzar la meta de formar 135 mil técnicos y profesionales, planteada en el programa nacional en la materia. 

Por último puede señalarse la insuficiencia de mecanismos efectivos para alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la reforma, esto es, la participación de empresas operadoras y proveedoras locales en la cadena de valor del sector.

El Clúster de Energía Coahuila, A.C., fue creado para dar respuesta a los desafíos que surgen de la Reforma en el ámbito local y que tienen que ver con las anteriores tareas pendientes. A tres años y medio de su creación, ha desarrollado una metodología para realizar evaluaciones de impacto social y la ha puesto en práctica; ha analizado y difundido las mejores prácticas internacionales de prevención, control y remediación de impactos ambientales; de manera coordinada con 14 instituciones educativas y de investigación, ha impulsado con éxito la puesta en marcha un programa de formación de recursos humanos para la industria energética. Ha identificado los proyectos de infraestructura estratégica necesarios para apoyar el desarrollo de la industria en el estado y ha diseñado e implementado un sistema de medición del contenido nacional que deben reportar las empresas, y ha desarrollado el programa de apoyo a la proveeduría local para su integración a la cadena de suministros del sector. 

Coahuila, quizá como ningún otro estado que dispone de recursos energéticos, se está preparando para la expansión de esta industria. Sin embargo, esta se ha visto frenada, por una parte, por la desventajosa evolución de los precios internacionales del gas y, por otra, por el atraso en el proceso de licitaciones que la Comisión Nacional de Hidrocarburos lleva a cabo para el aprovechamiento de hidrocarburos en campos terrestres del estado, atribuible a la controversia jurídica interpuesta por el Grupo Acerero del Norte contra la reforma energética. La solución de este litigio es la principal asignatura pendiente que el gobierno federal debe superar para que Coahuila aproveche todo su potencial energético en materia de hidrocarburos. 

*Director Ejecutivo del Clúster de Energía Coahuila, A.C.

Rogelio Ramos Oranday*