El incremento de las defunciones en México, con un promedio anual de 650 mil al año y la escasez de espacio en los panteones, propiciaron que en la Cámara de Diputados se aprobara una modificación a los artículos 348 bis, 348 bis 1 y 348 bis 2 de la Ley General de Salud, a fin de instalar al proceso de cremación como una opción prioritaria para las familias. Juan Luis de Anda Mata, secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro expuso en tribuna la necesidad de entender la cremación de cadáveres y restos humanos como mecanismo de política pública para que se combata el problema de las grandes ciudades por falta de fosas para la inhumación.

La desintegración de cadáveres o restos humanos es una alternativa que beneficia al medio ambiente, contribuye además a erradicar el problema de falta de espacios destinados para la inhumación, por lo que es acertado fortalecer la norma, al reconocer la aplicación de cualquier otro proceso químico o biológico para la conservación o disposición final. La reforma al contenido de la norma apuesta también al uso de procesos químicos y físicos distintos de la cremación a fin de tener alternativas relacionadas con la disposición final de cadáveres.

Se requieren condiciones sanitarias adecuadas

Por lo anterior, se aduce en el dictamen, estas circunstancias, hacen necesario modernizar y actualizar el marco normativo vigente, a efecto de garantizar que los procesos de cremación y desintegración de cadáveres se realicen en condiciones sanitarias adecuadas, y se inhiban las malas prácticas por parte de prestadores de servicios en detrimento de la seguridad sanitaria, señala el legislador.

A la fecha, en México, de acuerdo con cifras oficiales, hay más de 650 mil fallecimientos de personas al año, y se inhuma aproximadamente 80 por ciento; el 20 por ciento restante se incinera; es decir, más de cien mil ataúdes son utilizados.

De lo anterior se deriva que la incineración sea una alternativa prioritaria para las familias, así como establecer el adecuado manejo y uso de ataúdes, delinear atribuciones a la autoridad sanitaria para que los servicios funerarios del país atiendan esta norma con la finalidad de impulsar medidas de prevención en materia de salud y sanidad. Incluso, se asume entre los diputados que la nueva modificación a la Ley General de Salud coadyuvará a que los servicios funerarios que operan en la informalidad tengan los elementos necesarios para apegarse a la legalidad de los procedimientos de cremación, desintegración, uso y reúso de ataúdes.

Información entregada por el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios (Comesef), refiere que de más de 4 mil funerarias que operan en el país, 60 por ciento lo hace en la informalidad y de éstas, una tercera parte son irregulares.

De esta manera se dotará a los gobiernos federal y estatales de herramientas que coadyuven a transitar a un nuevo esquema en materia de cremación y desintegración de cadáveres y restos humanos, así como el uso y reúso de ataúdes. Asimismo, fortalecer las condiciones y pautas para que se adecuen a las prácticas sanitarias que se estipulan en la presente reforma, con la finalidad de que se reduzcan los riesgos en estas actividades y maximicen los servicios de cremación y desintegración para favorecer mejores condiciones ecológicas y de sanidad en el uso y reutilización de ataúdes.