Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), ratificó que la subcontratación ilegal ya estaba prohibida y sancionada por las leyes en México. Sin embargo, éstas no se ejecutaban debidamente, y en cambio se dio lugar a “satanizar” las prácticas de tercerización de personal y hacer válida su eliminación.

“Las propias autoridades están demostrando una evidente incongruencia al exponer la falta de apego al marco de la ley para sancionar a las empresas que operaban ilícitamente. Esto demuestra una vez más que en el país, más que vigilar el estricto apego a la Ley y hacer cumplir con lo establecido, se actúa de manera unilateral sin considerar el impacto laboral y económico que esto produce”, dijo.

De manera reciente, Ricardo Andrés Cacho, director general de Control Procedimental de la Procuraduría Fiscal, advirtió que se dará seguimiento a los casos de subcontratación ilegal, identificados previo a la entrada en vigor de la Reforma, exponiendo que ya existían leyes que vigilaban y sancionaban la simulación laboral.

Leñero mencionó que el Centro de Estudios se manifestó en repetidas ocasiones en torno a que el debate no debía centrarse en si dejar o no la subcontratación de personal, sino en castigar a quienes cometían las prácticas ilegales. “Esto es un ejemplo de discordancia con lo ya establecido ante la Ley Federal del Trabajo (LFT), y respecto a que el país tuviera la capacidad por sí misma, de respetar los marcos legales existentes”.

El verdadero reto, alertó, es saber trabajar con grupos institucionales y cumplir con lo establecido en las leyes mexicanas, esto sin afectar más la cadena productiva, la calidad en la competitividad del país y la generación de empleos formales, “que para 2021, se prevé que aumente cerca de cinco puntos porcentuales”, precisó.

“Aunque el Gobierno insista en que la situación económica y laboral del país avanza cada vez mejor, con una serie de políticas a las que ha dado lugar, la realidad es que tenemos más pobreza laboral, informalidad y personas desempleadas”, concluyó Leñero.

 Colegio de Contadores Públicos advirtió que se espera una intensa fiscalización con la reforma al outsourcing, por lo que recomendaron a las empresas iniciar la transición lo más pronto posible y alejarse de prácticas ilegales.