Martin Shkreli se convirtió en la encarnación de la codicia empresarial el año pasado cuando se conoció que había multiplicado 55 veces el precio de un medicamento clave para el sistema inmunitario, pero las polémicas prácticas de las empresas farmacéuticas llevan tiempo generando indignación.

De hecho, mientras todos los dardos se dirigían contra el empresario de 32 años, la atención se distrajo de otros casos. Shkreli se convirtió en el objeto del odio en Estados Unidos después de que su empresa de entonces, Turing Pharmaceuticals, comprara el medicamento Daraprim (pirimetamina), que se administra entre otros a pacientes con sida, y aumentara el precio de cada pastilla de 13.5 a 750 dólares.

Mientras que el medicamento se convirtió así en inaccesible para muchos pacientes, Shkreli se dedicó a alardear de su riqueza y a burlarse de los críticos. Pero este método "usurero" no es ninguna excepción en el mundo farmacéutico, de hecho los observadores consideraron que el verdadero escándalo es que el aumento de los precios sea totalmente legal.

Las farmacéuticas son objeto de críticas a menudo en Estados Unidos por subir el costo de las medicinas. Fue el caso hace poco de la firma Mylan, que subió el precio de las inyecciones para la alergia marca EpiPen de 100 a 600 dólares. Para entender por qué la ex empresa de Shkreli o Mylan encarecen de esta forma las medicinas hay que analizar el trasfondo del sector.

Aaron Carroll, profesor de Medicina de la Universidad de Indiana, cree que el caso EpiPen es "paradigmático" de los fallos del sistema de salud en Estados Unidos. En su opinón se trata de una "pesadilla de abastecimiento" por la cual el Gobierno apoya el uso de medicamentos caros sin hacer nada para controlar los costes. "Hay poca competencia y barreras muy grandes para entrar en el mercado, por lo que una empresa puede subir y subir el precio sin grandes resistencias".

Probablemente Turing y Mylan sean ejemplos extremos, pero también competidores como Pfizer, Biogen, Gilead o Amgen se aprovechan sin pudor de su poder con los medicamentos exclusivos. Mientras que en Europa en general los gobiernos controlan los precios de las medicinas, en Estados Unidos los fabricantes pueden pedir lo que les parezca.

Y su principal cliente es el seguro estatal de salud para ciudadanos ancianos o discapacitados, Medicare, que pese a ello no puede negociar de manera directa los precios. Lo hacen los seguros privados, aunque bajo condiciones estrictas por parte del Estado.

El resultado es un sistema complejo en el que los precios no los pagan normalmente aquellos que los negocian. Y eso beneficia a las farmacéuticas, que justifican los costes alegando sus gastos en investigación y desarrollo. Muchos pacientes obtienen luego descuentos por parte de Medicare, por ejemplo en los programas de salud para los ciudadanos más pobres, y por eso las empresas alegan que los precios "de usureros" sólo existen en el papel.

Carroll cree que esta es una verdad a medias. "El seguro protege a algunos de los costes y permite así los precios más altos". Pero los pacientes más necesitados son los más afectados por los desembolsos anticipados que en Estados Unidos hay que hacer normalmente para comprar los medicamentos. Si el seguro reembolsará el dinero y en qué medida suele ser un misterio que se resuelve después de un tiempo. "Los pobres son por tanto los primeros que renuncian porque no se lo pueden permitir", denuncia Carroll.

No hay dudas de que el sistema sanitario de Estados Unidos necesita reformas urgentes, y uno de los grandes desafíos es este poder de las farmacéuticas de imponer sus precios. Es un tema en el que excepcionalmente hasta están de acuerdo los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump.

Aunque el país es con diferencia el de mayor gasto en salud per cápita del mundo, los resultados son comparativamente malos en relación a otros. En el ránking de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados Unidos ocupa el lugar 37, por detrás de Costa Rica y apenas dos puestos por delante de Cuba.