Debo confesar que me resistí a abordar en esta columna el tema del aumento al precio de la gasolina. Cómo hacerlo si por un lado existen argumentos económicos lo suficientemente sólidos para sustentar la medida tomada por el Gobierno de la República, y por el otro hay un descontento generalizado de la población ante el alza del precio del combustible; descontento que también se justifica por la sencilla razón de que afecta a la economía de las familias mexicanas. Lo que nunca podrá justificarse es el uso de la violencia y la rapiña para mostrar la inconformidad. En una relación natural de causa–efecto, ¿qué tiene que ver el que se aumente el precio de la gasolina con que quiera ir a robar una pantalla a Coppel? Pero “ésa es otra historia”, diría la célebre Nana Goya.

En este vaivén de información respecto al llamado “gasolinazo”, escuché decir que el aumento nos viene de afuera. En eso estoy de acuerdo. El precio internacional de la gasolina ha sufrido una serie de incrementos, y si a eso le agregamos la paridad del peso contra el dólar, el alza que impactó a nuestro País fue de casi 60 por ciento. Por otro lado, durante años el importe de la gasolina que pagamos las y los mexicanos era un precio artificial. Es decir, una buena parte de lo que nos costaba llenar el tanque estaba subsidiada. Sin embargo, este precio artificial fue insostenible. Mantener esa subvención en nuestro país habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos. Para ponerlo en contexto, esta cantidad equivale a la mitad de lo que se paga por concepto de nómina a maestras y maestros de preescolar, primaria y secundaria de todo el País. Para seguir subsidiando la gasolina se tendrían que cerrar por cuatro meses todos los hospitales, centros de salud, guarderías y oficinas del IMSS; se tendría que dejar de entregar por espacio de dos años los apoyos de Prospera a siete millones de familias, o suspender completamente por tres años el programa de Seguro Popular, que atiende a 50 millones de mexicanos.

Aunque las razones para el aumento al precio de la gasolina son válidas, lo cierto es que la gente no entiende (ni está obligada a entender) de cuestiones macroeconómicas, precios internacionales o subsidios. Al ciudadano le importa que su salario se diluya y que el dinero no le alcance para adquirir los bienes o servicios con los que antes contaba. Ante esta situación, algunos gobiernos estatales tomaron medidas emergentes. La crítica sin datos se convierte en el discurso fácil. Hacer ofrecimientos concretos para mitigar los efectos del incremento de precios, requiere de un mayor esfuerzo y absoluta responsabilidad. A este respecto, el pasado domingo Rubén Moreira anunció un paquete para apoyar la economía de las y los coahuilenses; lo dividió en tres grandes rubros: eliminación o disminución de 108 conceptos de cobro referentes a impuestos estatales; defensa legal de la economía coahuilense, y lucha por nuestra industria y desarrollo. El espacio resulta insuficiente para describir cada uno de los referidos conceptos. 

Actas del Registro Civil a 20 pesos y licencias de conducir a 350, pasaportes con 50 por ciento de descuento, obtención de placas coahuilenses –cuando se portan las de otros estados– por mil 200 pesos, regularización de cualquier adeudo en tenencias anteriores y derechos de control vehicular por 3 mil 500, exención de la totalidad del Impuesto Sobre Nómina por un año a empleos nuevos y eliminación del refrendo que año con año deben pagar las escuelas particulares, forman parte de las medidas tomadas en Coahuila para aligerar el impacto del aumento al precio del combustible. Por su parte, la preferencia a proveedores, productores o constructores coahuilenses en las adquisiciones del Gobierno es una de las iniciativas que fueron anunciadas. Las industrias del carbón, acerera, vitivinícola y turística serán protegidas al ser declaradas como prioritarias en nuestro Estado.

Aquí en confianza lo comento: ahora habrá que estar pendientes del seguimiento que se dé al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección a la Economía Familiar convocado por el presidente Peña, con el que se pretende alcanzar la estabilidad económica y social, la protección de la inversión, el empleo y el ingreso; así como a la postura que adopte la Coparmex después de negarse a suscribir el documento. Por lo pronto, la inflación en México está controlada y oscila en 3.36 por ciento. En 2014 llegó al 4.48 por ciento, pero nadie se quejaba por que “no estaba de moda”, dijo el periodista David Páramo y, al respecto, agregó: “algo estamos haciendo verdaderamente de maravilla”, al tiempo.