Arturo Balbino, un trabajador de la construcción en Texas, estaba tranquilo cuando se dirigía en marzo a una entrevista para obtener su visa en el consulado estadounidense de la ciudad fronteriza Ciudad Juárez.

Balbino, un ciudadano mexicano de 33 años que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos hace 14, creía que tenía un argumento fuerte para obtener una visa de cónyuge: esposa e hijos que son ciudadanos estadounidenses, un suegro que había prometido en una declaración jurada que lo apoyaría financieramente si era necesario, y una carta de su empleador que le garantiza un trabajo de 18 dólares por hora a su regreso.

Cuando acudió a la entrevista, estaba en el último paso para legalizar su estado, lo que -según esperaba- allanaría el camino para una vida más estable para él y su familia.

En cambio, el oficial consular negó su solicitud por el hecho de que podría convertirse en una carga para los contribuyentes estadounidenses al requerir asistencia financiera del Gobierno, según los documentos revisados por Reuters.

Esa decisión dejó a Balbino en México indefinidamente y afectó la vida de su familia.

Cada vez más inmigrantes, especialmente a mexicanos, se le están negando visas en base a determinaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que estipulan que se pueden transformar en "cargas públicas", dependientes del Gobierno para obtener apoyo, según datos oficiales y entrevistas con abogados, inmigrantes y familiares.

Los abogados de algunos inmigrantes dicen que los oficiales consulares están negando visas incluso cuando los solicitantes cumplen con los requisitos legales para probar que serán financieramente independientes.

Los rechazos, que limitan un proceso de solicitud a menudo complejo y prolongado, pueden dejar a las personas atrapadas durante meses o más fuera de Estados Unidos, separados de cónyuges e hijos estadounidenses, mientras renuevan sus esfuerzos para regresar legalmente al país.

Algunos nunca podrán volver

Una de las razones del aumento en las denegaciones son cambios poco conocidos el año pasado en el manual de asuntos exteriores del Departamento de Estado que dio a los diplomáticos una mayor discreción para decidir sobre la denegación de visas por motivos de "carga pública”.

Los cambios ocurrieron en enero de 2018 cuando el Departamento de Seguridad Nacional estaba preparando una propuesta separada y altamente controvertida para restringir la inmigración por motivos de responsabilidad pública.

El reglamento, propuesto oficialmente en octubre, recibió más de 200,000 comentarios públicos, por lo que probablemente llevará más tiempo evaluarlo por completo.

Algunos críticos dicen que el Departamento de Estado está utilizando una puerta trasera, endureciendo la política de inmigración sin pasar por un proceso de reglamentación de alto perfil.

"El Departamento de Estado está tratando de eludir los comentarios públicos e implementar cambios por su cuenta", dijo Charles Wheeler, un abogado de la Red Católica de Inmigración Legal.

"Estos cambios ya están teniendo un efecto terrible en las personas”.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios, citando litigios pendientes sobre los cambios.

En la demanda en un tribunal federal de Maryland, el gobierno rechazó las acusaciones de que los cambios están motivados por algún tipo de antipatía hacia los inmigrantes y argumentó que dicha orientación no está sujeta a revisión judicial ni a leyes que requieran comentarios públicos.

La guía, que escribieron los abogados del gobierno en un expediente judicial de febrero, es neutral e implementa una antigua ley de Estados Unidos destinada a excluir a los inmigrantes que probablemente se convertirán en una carga para Estados Unidos.

El gobierno reconoció en la presentación que la guía "podría conducir" a denegaciones más frecuentes por "carga pública”.

Los cambios en el manual no son la única razón para el aumento de las denegaciones de solicitudes de visas de inmigrantes por motivos de carga pública.

Estos rechazos han aumentado desde 2015, cuando se emitieron menos de 900, según datos del gobierno.

Pero después de los cambios en enero del 2018, los rechazos se dispararon.

En el año fiscal 2018, que terminó en septiembre, se rechazaron cerca de 13,500 solicitudes de visa de inmigrante por motivos de carga pública: se cuadruplicó el número con respecto al año fiscal anterior y es el número total más alto desde 2004.

MENOS VISAS PARA LOS MEXICANOS

Aunque el Departamento de Estado no divulga los datos de rechazo de visa por nacionalidad o consulado, los abogados de inmigración dijeron que la aplicación del argumento de "carga pública" es particularmente rigurosa en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, donde se procesan todas las solicitudes de visa de inmigrantes mexicanos.

Los mexicanos recibieron un 11 por ciento menos de visas para inmigrantes en el año fiscal 2018 en comparación con el 2017. Eso se compara con una disminución general del 4.6 por ciento en las visas para personas de todas las nacionalidades durante ese período.

Anteriormente, el Departamento de Estado generalmente consideraba una "declaración jurada de apoyo", firmada por un ciudadano estadounidense o residente permanente que ofrecía actuar como patrocinador del inmigrante, evidencia suficiente de que la persona no se convertiría en una carga del gobierno, dijeron los abogados de inmigración.

Ahora, según el manual, la declaración jurada es solo un factor entre muchos. Los funcionarios consulares también pueden considerar el uso actual o pasado de los beneficios públicos, incluidos los servicios de salud y nutrición. Y eso incluye el uso por parte de la familia de un inmigrante, incluso si son ciudadanos.

En la versión anterior del manual, a los funcionarios consulares no se les permitía considerar el uso de beneficios no monetarios.

Balbino dijo que el uso de sus hijos del programa Medicaid para hogares de bajos ingresos y de cupones de alimentos fue un problema que surgió en su entrevista de visa, junto con preguntas sobre el compromiso de su suegro de apoyarlo.

ATRAPADOS EN MÉXICO

Las denegaciones por carga pública pueden ser particularmente devastadoras para personas como Balbino, que ingresaron ilegalmente en Estados Unidos, construyeron vidas y tienen la oportunidad de legalizar su estado a través del matrimonio.

Es un proceso complejo, pero muchos inmigrantes como Balbino están dispuestos a avanzar.

La ley de Estados Unidos exige que las personas que han estado presentes ilegalmente en el país durante más de seis meses se vayan y permanezcan en el extranjero durante varios años antes de intentar volver a ingresar.

Pero los solicitantes de visa pueden solicitar exenciones que les permitan regresar en forma más rápida. Balbino obtuvo dicha exención en 2017. Una vez que se rechaza una visa por motivos de carga pública, sin embargo, tales exenciones se revocan, dejando a la persona fuera del país durante meses o años.

Con la exención de Balbino ahora revocada, su esposa, Darlene, está considerando mudarse con sus hijos a la ciudad natal de Balbino en el estado mexicano de Guanajuato. Ella no trabaja y está luchando para pagar las cuentas.

"Ya no podemos hacerlo por nuestra cuenta", dijo.

Debido a que la familia está en una situación financiera muy ajustada, dos de los cinco niños, de 6 y 10 años, ya han sido enviados a vivir con Balbino, una situación que les resulta difícil.

"Han pasado toda su vida en Estados Unidos", dijo Balbino en una entrevista. "No hablan mucho español”.

Su esposo está contemplando la posibilidad de que la familia esté separada por años.

"A veces quiero pensar que todo estará bien y podré estar con mi familia nuevamente", dijo Arturo Balbino. "Es muy difícil pensar que no podré volver para ver crecer a mis hijos".