Surgen más denuncias en contra de Alejandro Velázquez Garibay, el gestor del INAES que defraudó a más de 300 familias de Parras de la Fuente, con cerca de cinco millones de pesos.
De acuerdo con informes proporcionados por el Corporativo Jurídico Empresarial G.V., con sede en Toluca, existen al menos 12 demandas mercantiles interpuestas por diversas empresas en contra de la compañía fantasma Reto Publicitario S.A. de C.V., propiedad de Velázquez Garibay y que ofrecía servicios de comunicación e imagen a sus clientes, cobrando sin cumplir contratos.

A la par, este despacho de abogados reveló que, en al menos en los dos últimos años, se han acumulado un número hasta ahora indefinido de denuncias por fraude cometidos por este “coyote” del INAES, en perjuicio de familias y comunidades de campesinos de los estados de México, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo.

En todos los casos el modus operandi de Velázquez Garibay, cuyo caso difundió VANGUARDIA hace unos cuatro meses, es el mismo: promete a sus víctimas proyectos productivos por un monto de cinco millones de pesos, a cambio de la suma de 40 mil pesos y al final se esfuma con el botín.

Esto en complicidad con su esposa María Victoria Navarro Amaya, la persona a quien los defraudados depositaban el dinero, y valiéndose de su relación sentimental con la directora del Instituto Nacional de Empresas Sociales, Narcedalia Ramírez Pineda.

Al respecto la oficina del corporativo descubrió que Alejandro Velázquez, mantiene un vínculo legal de matrimonio con Victoria Navarro y al mismo tiempo con la titular de INAES, Narcedalia Ramírez, con quien se casó, sin haberse divorciado de la primera, en diciembre del año pasado. Así lo confirman dos actas de matrimonio en poder de VANGUARDIA.

“Se está estableciendo que claro que hay participación de ambas personas (Alejandro y Narcedalia), toda vez de que es su esposo. Y ahí tenemos otro delito, porque nunca se divorció de María Victoria. Tenemos el expediente.

El dato

Velázquez Garibay enfrenta cargos ante las autoridades judiciales, por fraude y delincuencia organizada. Solo falta que un juez libere la orden de aprehensión.