En 15 meses, 770 personas de la comunidad Lésbico Gay, Bi, Trans e Intersexual (LGBTI) fueron agredidas en toda América. Sin embargo, los prejuicios han impedido que las investigaciones sean eficaces y los responsables castigados, lo cual genera impunidad.

De acuerdo con el informe Violencia contra personas LGBTI en América, realizado por al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), persisten prácticas de discriminación entre la sociedad y en los sistemas de gobierno.

La CIDH advierte que entre las diferentes formas de violencia ha aumentado el nivel de crueldad. El informe refiere que existen víctimas que murieron lapidadas, decapitadas, quemadas y empaladas.

Muchas víctimas más fueron apuñaladas o golpeadas hasta la muerte con martillos u objetos contundentes y en muchos casos fueron asesinadas luego de ser sometidas a horribles actos de tortura, tratos inhumanos o degradantes.

Aún con este panorama, si los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales, los casos quedan en la impunidad, lo que “envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada. Esto, a su vez, puede generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia”.

Otro atenuante: los sistema de justicia ni siquiera construyen estadísticas precisas sobre el número de víctimas y sus características. Tampoco sobre las tasas de condenas penales por asesinatos y otros actos de violencia.

Las “limitadas o inexistentes” estadísticas “complica aún más el análisis de las situaciones de impunidad” contra personas LGBTI. Todo ello revela “elevados niveles de impunidad”, advierte el informe concluido en noviembre de 2015.

Con los pocos datos disponibles en los sistemas de justicia de los estados miembros, la CIDH comprobó que entre el 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2014 ocurrieron 770 agresiones contra personas LGBTI en 25 Estados Miembros de la OEA (Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela).

Sin embargo, no significa que en el resto de países de América no hayan ocurrido actos de violencia, sino que las víctimas no denunciaron.

En México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó un aumento en las cifras y la naturaleza cada vez más violenta de los delitos basados en el prejuicio contra las personas LGBT durante 2014.

Según la organización de la sociedad civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., entre 1995 y 2014 hubo mil 218 asesinatos motivados por el prejuicio y de ellos, 80% de las víctimas habrían sido blanco de ataques antes de ser asesinadas. Mientras que entre 2007 y 2012 se registraron 164 asesinatos de mujeres transexuales. 
Leyes discriminatorias

En el análisis, la CIDH reprueba que existan legislaciones que discriminan pueden contribuir pensar que “la violencia contra las personas LGBT es tácitamente permitida o tolerada”.

Por ejemplo, Belice y Trinidad y Tobago tienen leyes que prohíben la entrada de “personas homosexuales” a su territorio. En legislaciones de Bahamas, Canadá, Chile, Paraguay y Suriname establecen diferentes edades de consentimiento para tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y de distinto sexo.

En tanto, en países como Brasil, Perú y República Dominicana, existen sanciones en códigos militares o policiales a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo

El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, en relación con las personas LGBT, ha declarado que las leyes sobre la moral pública pueden otorgar a la policía y los jueces poder discrecional que, combinado con prejuicios y actitudes discriminatorias, puede llevar a abusos contra este grupo.

En el caso Mexicano, la CIDH identificó en esta clasificación, el Código Penal de Jalisco, donde se castigan los “actos contra la moral pública” y “exhibiciones obscenas”. La sociedad civil ha indicado que la sola presencia de una persona transexual, por ejemplo, podría ser considerado por la autoridad como exhibición obscena. En tanto, en Chile, El Salvador y Ecuador se protegen “las buenas costumbres”.

Además, las personas LGBTI enfrentan “varios obstáculos y barreras para acceder a la justicia” desde el momento en que la víctima intenta denunciar un crimen: tienen miedo de revelar su orientación sexual o identidad de género, carecen de programas de asistencia legal y en el sistema judicial no hay sensibilidad y entrenamiento de los operadores de justicia, incluyendo jueces, juezas y fiscales, entre otros.

En resumen, la CIDH considera que existen serias deficiencias en la investigación de casos de violencia por prejuicio contra las orientaciones sexuales en los países que incluyen el estudio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.

La CIDH recomendó a los estados miembros a realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar datos estadísticos de manera sistemática sobre la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI.

En tanto, al Poder Ejecutivo de las naciones recomendó adoptar medidas inmediatas para que las leyes no sean aplicadas para criminalizar la intimidad sexual entre personas del mismo sexo.