Ciudad de México. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil advirtieron de un significativo aumento en el índice delictivo en el corredor Saltillo-Nuevo Laredo, con los delitos de robo y extorsión, pero también con otros considerados de alto impacto como homicidios dolosos, secuestros, tortura y desaparición forzada.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, en Coahuila había hasta el 30 de julio pasado casi mil 500 personas cuyo paradero es desconocido, todas con carpeta de investigación abierta, y donde el municipio de Saltillo encabeza la lista con 321 denuncias. Se estima que la cifra es mucho mayor por los casos que no son denunciados por temor de los familiares.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila –organización que forma parte de un movimiento nacional de búsqueda de desaparecidos-, y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entre otros, señalaron que Saltillo es una de las ciudades identificadas como peligrosas en el país, conforme a los datos en materia de seguridad del gobierno federal, situación que se confirma con las denuncias e informes de diversas colectivos.

De manera particular, denunciaron que en el municipio de Saltillo persiste la impunidad, la corrupción, y el cinismo político. Incluso, señalaron que pese este aumento en la inseguridad, las autoridades municipales encabezadas por el panista Isidro López Villarreal, ha recortado casi el 30 por ciento el presupuesto a este rubro, en los últimos dos años.

El informe Perseo, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, señala que en términos generales, no hay cifras confiables sobre estos delitos, pues hay víctimas o familiares que no presentan sus denuncias por temor, y que el escenario real es sustancialmente mayor o peor, pues hay víctimas o familiares que no presentan sus denuncias por temor.

Pero al tratarse de una zona de tránsito de migrantes, en su camino hacia Estados Unidos, muchos de estos delitos se cometen en contra de esta población, lo que hace todavía más difícil la presentación de la denuncia.

Durante los últimos tres años, dijeron, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido varias recomendaciones al alcalde Isidro López Villarreal, por violaciones a los derechos humanos cometidas por policías municipales, regularmente por detenciones arbitrarias, robo y tratos crueles e inhumanos.

Sobre este tema, la Casa del Migrante de Saltillo presentó una denuncia penal en contra del alcalde panista Isidro López Villarreal, por “criminalizar en público la pobreza y la migración e incitar a la discriminación de las personas migrantes”, producto de un arresto policial de dos centroamericanos que pedían limosna en la vía pública. La denuncia después de año y medio sigue abierta, sin avance.

El tema de los feminicidios y agresiones contra la comunidad lésbico gay también está presente, denunciaron las ONGs. En este último citaron el caso reciente de la detención arbitraria de cuatro mujeres trans por parte de elementos policiacos de Saltillo, bajo el argumento de “actos inmorales”, por la vestimenta de short y blusas que portaban.

Relatan que en el camino a la comandancia fueron insultadas verbalmente por los elementos, además de que al llegar a la dependencia el proceso no se integró debidamente y no fueron presentadas inmediatamente ante el juez; se le impuso una multa por “daños a la moral”. La queja fue presentada también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en octubre pasado.