Los más de 126 millones de pesos perdidos por una inversión irregular en Ficrea le fueron observados al Poder Judicial de Coahuila por parte de la Auditoría Superior del Estado; a partir de ahora empiezan los plazos para que se finquen responsabilidades, en caso de existir.

Aunque el Consejo de la Judicatura de Coahuila deslindó de cualquier responsabilidad por la mala inversión a los funcionarios del Poder Judicial en la sesión del pasado 25 de noviembre de 2015 de este año, la Auditoría Superior del Estado deberá iniciar procedimientos legales por las observaciones, independientes a lo ya realizado por el Consejo de la Judicatura.

A inicios de este año la Auditoría Superior del Estado inició una inspección al Poder Judicial de Coahuila por la pérdida de una inversión de más de 126 millones de pesos.

“Con el fin de dar cumplimiento a la solicitud antes referida, en fecha 05 de agosto de 2015 fue presentado ante la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública el Informe Final de la Gestión Financiera llevada a cabo por el Poder Judicial del Estado en el Fondo de FICREA, y que abarca desde la apertura del contrato de inversión (año 2010) hasta diciembre de 2014”, explica la Auditoría en su informe sobre el caso Ficrea.

El Poder Judicial ha tratado de recuperar el dinero invertido en Ficrea a través de demandas mercantiles, administrativas y penales ante autoridades federales.

Existen denuncias penales desde el pasado mes de mayo, presentadas por parte del Poder Judicial de Coahuila ante la Fiscalía de Delitos Financieros de la PGR y también ante la PGJE.

También en el mes de junio se presentó una demanda ordinaria de tipo mercantil y el Poder Judicial de Coahuila deberá participar en el Concurso Mercantil para todos inversionistas defraudados por Ficrea.

CONSEJO DE LA JUDICATURA PERDONA
Sin embargo, la Auditoría dio a conocer también en su informe que el Consejo de la Judicatura de Coahuila deslindó de toda responsabilidad administrativa a empleados del Poder Judicial.

En sesión celebrada en fecha 25 de noviembre de 2015, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila, analizó y resolvió “que no existe nexo de conductas de funcionarios públicos dependientes de la administración de justicia, con el estado actual en el que se encuentran los recursos invertidos en Ficrea”.