Luego de varios meses de mantener el proceso “congelado”, el Congreso del Estado designó esta semana a los contralores internos de cuatro órganos autónomos locales: el ICAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral del Estado y la Fiscalía General.

Sin embargo, pese a que se registraron 17 personas para competir por el cargo –14 de las cuales fueron sometidas a entrevista por nuestros representantes populares– el Poder Legislativo de la entidad decidió “declarar desierto” el proceso para designar al contralor interno de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Hubo convocatoria, se llevaron a cabo las entrevistas y en general creo que no satisfizo ninguno de los que se presentaron”, afirmó el coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Juan Antonio García Villa, al “explicar” la razón por la cual se tomó la decisión de “repetir” el proceso.

Las comillas utilizadas en la expresión anterior son inevitables, porque el argumento ofrecido resulta más o menos inadmisible. Y lo es aún más cuando de manera extraoficial circulan rumores en el sentido de que la decisión obedece más a la adopción de un modelo de “cuotas” entre los grupos parlamentarios que a un problema real de perfiles.

La pregunta obligada es: ¿qué significa la expresión “no satisfizo ninguno de los que se presentaron”? Y es obligada por, al menos, las siguientes razones:

En primer lugar, está claro que quienes se registraron cumplieron con los requisitos legales de la convocatoria y sólo por ello se les citó a entrevista, a fin de evaluar sus aptitudes más allá de sus respectivos expedientes.

En segundo lugar, es evidente que si las 17 personas que se presentaron al concurso superaron la etapa de revisión curricular, no existía ningún impedimento legal para que cualquiera de ellas fuera designada para el cargo y que las únicas tres que fueron válidamente “descalificadas” son quienes no acudieron a la entrevista.

Finalmente, dado que el haber descartado a la totalidad de los aspirantes implica un acto de autoridad, los integrantes del Congreso tendrían que justificar tal decisión en algo más que una vaguedad, como que ellos no se sintieron “satisfechos” con los perfiles de quienes se registraron.

En todo caso, dado que sí designaron a los contralores internos de otras cuatro entidades públicas, tendrían que explicarnos las diferencias cualitativas que les llevaron a decidir que en los otros casos sí les “satisfacían” los perfiles evaluados –y aún más los escogidos–, pero en el caso de la Auditoría Superior del Estado eso era imposible.

Como suele ocurrir con nuestros políticos –al margen de sus orígenes partidistas– parece que en este caso el tema del perfil es apenas un pretexto para enmascarar las negociaciones extralegales entre grupos parlamentarios y que se resumen en un enunciado simple: la oposición le habría permitido al PRI “quedarse” con los contralores de cuatro dependencias a cambio de “entregar” al PAN la contraloría de la ASE.

¿Es eso lo mejor para Coahuila? ¿Es esa una buena respuesta a la demanda ciudadana de transformar el método para designar a tales funcionarios? El tiempo dirá la respuesta, pero desde ahora puede anticiparse que ésta se encuentra más cerca de la negativa que de la afirmativa.