La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a solicitud de organizaciones de derechos humanos, por la gravedad de los hechos, requirió al Estado mexicano determinar la situación y paradero de los 43 normalistas de Ayotizinapa, concertar las medidas a adoptarse con demandantes y revisar la investigación.

Comprometido el Gobierno mexicano, signante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, firmó un Acuerdo —noviembre 2014— encargando a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) coadyuvar en la investigación.

En septiembre de 2015, el GIEI concluyó que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula. PGR, inconforme, solicitó un nuevo estudio con nuevo “grupo de expertos en fuego”; PGR y GIEI firmaron (Washington, octubre de 2015) un Acuerdo, el Estado Mexicano se “comprometió a mantener la confidencialidad de la información sobre resultados de la nueva investigación e informar a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública”.

El 25 de enero de 2015, mediante Convenio fijaron objetivos que “comprometían al comité de expertos —con dos miembros del GIEI— a elaborar un informe único con una postura conclusiva, buscando consenso”.

Desde la publicación del Informe del GIEI, que demostró la imposibilidad de la incineración en el basurero, se desató una campaña de desprestigio contra dicho grupo: declaraciones de funcionarios descalificando el informe, el secretario de la Defensa negando autoridad al GIEI y vetando entrevistas a personal militar, infamias contra las fiscales colombiana y guatemalteca. En su informe anual —marzo 2016—, la CIDH denuncia “grave crisis de derechos humanos en México”, insistiendo: “debe permitirse entrevistar a militares presentes en los hechos de Iguala”.

Demanda penal contra al secretario de CIDH, Emilio Álvarez Icaza, ampliamente publicitada. La CIDH —29 de marzo— condenó dicha campaña de desprestigio. Miguel Ángel Osorio Chong negó la campaña, pero adelantó: “no habrá prórroga del trabajo de la CIDH” —que no depende del gobierno mexicano. El 1º de abril, en conferencia de prensa, el subprocurador Eber Omar Betanzos presentó como representante del grupo de especialistas en fuego, a Ricardo Damián Torres, quien leyó: “Sí existió un evento de fuego de grandes dimensiones, al menos 17 seres humanos fueron quemados en el lugar y sería necesaria una prueba a gran escala para confirmar la hipótesis sobre las condiciones necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos”. De inmediato, el GIEI rechazó la conferencia, recordó: “El Convenio establece la confidencialidad y que todas las fases del estudio se realizarían por consenso, que ninguno de los expertos podía salir públicamente a hablar en nombre del grupo, sin presentación previa a todos los integrantes, la presentación pública de Torres rompió esos acuerdos”. La PGR alega: “Durante el proceso se guardó secrecía en su desarrollo, los resultados se abrieron en presencia del GIEI”.

Por la noche, albazo mediático, Televisa abrió con la noticia: “Al menos 17 cuerpos fueron quemados en el basurero, los expertos han aceptado la posibilidad de que en ese lugar hayan sido incinerados 43 cuerpos”; Tv Azteca: “Ahora dicen que sí hubo quema de cuerpos, al menos 17 seres humanos fueron quemados en el lugar”. La mayoría de los medios masivos y múltiples corifeos repitieron lo dicho por Torres en la PGR, sin destacar el rechazo del GIEI, ni que el propio Torres reconoció que era preliminar y necesaria más información.

En conferencia de prensa —abril 6—, el GIEI ratifica su posición y denuncia: “la campaña de desprestigio atenta contra los defensores de derechos humanos, las víctimas; la manipulación persigue imponer una tesis sabiendo que es mentira, nuestro mandato vence el 30 de abril, pero no hemos cumplido con los objetivos”. El Gobierno atrapado, podrá manipular a la opinión aquí, a nivel internacional está condenado, su “verdad histórica”, muerta.