Aunque no se ha logrado formular una política pública para atender a los huérfanos de las víctimas de feminicidios, desde hace un año que este tipo de casos son atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes se encargan de proveer de educación, alimentación y salud a los menores cuando quedan en estado de indefensión. 

De acuerdo con Gabriela Noguez Sandoval, directora de la CEAV, hasta ahora únicamente han atendido un solo caso que fue acreditado por la organización de la defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, que pertenece a La Laguna. 

“Tenemos el caso de una persona en el que se está trabajando con sus hijos, porque su abuelita se hace cargo de ellos. Se les está dando el apoyo para que sigan estudiando, tengan acceso a la alimentación, vivienda y también buscamos un apoyo a la abuelita para que tenga un empleo y pueda seguir apoyando a los nietos”, y este caso lo han atendido en coordinación con la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). 

Gabriela Noguez también señaló que los menores fueron registrados como víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención, por lo que esa constancia les da la oportunidad de dar una reparación al daño de la familia. 

“Hay otros tres o cuatro asuntos más a los que nos han hecho referencia, pero las familias no se han acercado con nosotros. A veces las familias también buscan a otras organizaciones para que las apoyen”, dijo.

También, la funcionaria explicó que la mayor parte de casos que han atendido en el tema de los feminicidios han sido principalmente para las familias de las mujeres que fueron asesinadas, pero que no tenían hijos. 

A inicios de febrero, VANGUARDIA publicó que tras el feminicidio cometido en contra de Serymar Soto Azúa, sus familiares emitieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de Gobierno de Coahuila, DIF estatal y Pronnif, debido a que el huérfano de la víctima recibía solamente un apoyo de 300 pesos mensuales que tendrían que atender todas sus necesidades de vida.

“El menor ha quedado en estado de indefensión y desamparo, quedando así lesionado su legítimo derecho al interés superior de la niñez abandonando a su suerte por las autoridades denunciadas (Gobierno del Estado y Pronnif) en la presente queja”, refiere la denuncia interpuesta por los familiares. 

Durante el año pasado en Torreón se cometieron cuatro crímenes de odio hacia las mujeres, por lo que la ciudad fue ubicada entre los 100 municipios con mayor número de presuntos delitos de feminicidio, según el diagnóstico “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” elaborado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública con cifras de enero a diciembre de 2017.