El pasado 27 de junio, el diputado local Gerardo Aguado Gómez, de Acción Nacional, presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para reformar un par de artículos, los números 69 y 79 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado. Esta iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que yo coordino.

Elaborado el dictamen se sometió a la mencionada Comisión en sesión celebrada por ésta el pasado 24 de septiembre, pero fue rechazado por los diputados priistas y sus aliados. Al efecto, los legisladores del PRI presentaron un dictamen alterno, técnicamente denominado por la Ley Orgánica del Congreso como “voto particular”.

¿Qué propone el diputado Aguado Gómez y por qué están en desacuerdo los legisladores del PRI y sus aliados, una diputada del PRD y otra de Morena?

Lo que el diputado de Acción Nacional propone es establecer un plazo determinado y cierto a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que ésta presente ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción las denuncias y querellas penales que correspondan “por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías” (artículo 69-III de la ley citada).

Lo que el autor de la iniciativa propone es que tal “plazo no sea mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que las entidades o los servidores públicos responsables… se hagan acreedores a dichos procesos (penales)”.

Lo anterior con motivo de que la referida ley de rendición de cuentas es omisa o bien no suficientemente clara sobre el punto, al grado de que la propia Auditoría Superior del Estado da cuenta en sus informes que aún se encuentra sustanciando hechos presuntamente delictivos detectados con motivo de la revisión a las cuentas públicas de los años 2013 a 2017. Por ello, la propia ASE ha señalado el riesgo de que los delitos prescriban, razón por la cual ha solicitado sea modificado el Código Penal del estado para evitar tal posibilidad (Informe Ejecutivo correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública de 2016, en el capítulo denominado Agenda Legislativa).

¿Por qué se opone el PRI a esta adición a la Ley de Rendición de Cuentas? Porque según los diputados de ese partido “no resulta adecuado modificar la ley para efecto de establecer plazos para la presentación de denuncias y/o querellas, toda vez que es la legislación especial de la materia la que se encarga de fijar la temporalidad para la prescripción de las conductas tipificadas como delitos”.

Como cualquiera mínimamente conocedor del tema lo puede advertir con facilidad, mañosamente los priistas pretenden confundir el plazo de que puede disponer la ASE para presentar las denuncias y querellas con motivo de los delitos que detecte al revisar las cuentas públicas, con la prescripción de tales delitos. Se trata, obviamente, de dos conceptos totalmente diferentes. Lo que a todas luces pretenden los legisladores del PRI es que prevalezca un marco jurídico omiso, a fin de evitar que el combate a la corrupción sea eficaz y oportuno.

En su iniciativa, el diputado Aguado Gómez también propone que la ASE pueda impugnar el cambio que pretenda hacer la Fiscalía Especializada a la tipificación de los delitos por las denuncias y querellas presentadas por la propia ASE, propuesta a la que también se oponen los priistas. ¿Por qué? Según ellos porque los de la Fiscalía “son los encargados de iniciar la carpeta de investigación y los expertos en la materia penal”. De ser así, ¿cuál es entonces el temor, si sólo se trata de conocer la opinión y criterios de la ASE?

Lo que en realidad ha venido sucediendo es que las Fiscalías reclasifican el tipo de delito en beneficio de los imputados y en contra del interés general, como lo acredita la experiencia en los casos del exgobernador Duarte de Veracruz y del coahuilense Alejandro Gutiérrez. ¿Es así como el PRI pretende combatir la corrupción con eficacia? Vaya pues.

En la mencionada sesión de la Comisión no fue posible emitir formalmente dictamen, luego de que se suscitó un intenso debate en torno al concepto de “voto particular”, previsto por los artículos 119, segundo párrafo, y 164 en su último párrafo de la Ley Orgánica del Congreso, presentado por los legisladores priistas y secundado por sus aliadas de Morena y del PRD.

Se resolvió discutir en próxima sesión la iniciativa de la que aquí se da cuenta, así como oír previamente al autor de la misma. También propuse someter el asunto a Congreso abierto, es decir, convocar a quienes –ciudadanos y representantes de organizaciones cívicas– tengan algo que opinar sobre el tema. De sobra está decir que la propuesta no gustó a los priistas. Esperamos que las organizaciones de la sociedad civil la apoyen.

@jagarciavilla