En el municipio de Allende, Coahuila, más de 300 personas fueron víctimas de desaparición forzada, entre enero de 2011 y agosto de 2012, a manos del Cártel de Los Zetas, como parte de un operativo selectivo de exterminio.

El número se trata de una especulación, de un dato no confirmado, que fue difundido por las mismas personas que perpetraron estas acciones. El “operativo” criminal para la desaparición masiva de familias en Allende, por el contrario, es un hecho innegable.

A la fecha, sólo 42 de esas desapariciones forzadas han logrado ser documentadas. Sin embargo, existen fuertes indicios de que las víctimas son muchas más de las cuantificadas formalmente, y que el área afectada trasciende las fronteras del municipio de Allende.

Sólo en un fin de semana, del 18 al 20 de marzo de 2011, Los Zetas se llevaron a 26 personas, todas de la misma familia, de apellido Garza. El resto de las víctimas documentadas comparten, en su mayoría, el mismo apellido.

Las víctimas fueron extraídas de sus viviendas por comandos de Los Zetas, sin importar si tenían relación o no con los supuestos traidores, sólo por llevar el apellido Garza, y no hubo distingos: raptaron a hombres, mujeres, niños, adultos mayores, e incluso a amigos y empleados.

En otros casos, las víctimas fueron secuestradas por elementos de la Policía Municipal, para entregarlas después al grupo delictivo.

Luego de raptar a las víctimas de sus viviendas, los inmuebles fueron incendiados y algunos demolidos con maquinaria pesada por personas al servicio de Los Zetas, que antes había ordenado a los bomberos del municipio no atender ningún llamado de auxilio.

La venganza

Según el estudio En el Desamparo, publicado el domingo 9 de octubre por El Colegio de México, y que analiza la averiguación previa iniciada a nivel estatal por estos hechos, el operativo para la desaparición masiva y coordinada de personas en Allende fue una venganza de dos líderes del cártel de Los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, en contra de tres desertores de la organización a los que consideraban traidores.

Las familias de los desertores (que hoy son testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos) fueron objeto de la venganza, que implicó la toma de localidades enteras para poder raptar a las víctimas previamente seleccionadas de sus casas, lugares de trabajo o en la vía pública.

Este operativo criminal, según la averiguación previa, duró al menos 14 meses, dejó más de 40 viviendas destruidas y a sus moradores desaparecidos.

Se presume que las 26 personas raptadas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 fueron asesinadas en dos de los ranchos de la misma familia Garza, y luego sus cuerpos incinerados. Sobre el paradero de las restantes 16 personas desaparecidas entre enero de 2011 y agosto de 2012 no se tiene ninguna pista.

La magnitud de estos hechos, el número de víctimas y la complicidad de autoridades locales, sin embargo, no fueron suficiente motivo de interés para las autoridades federales, por lo que las investigaciones del caso quedaron, y así se mantienen hasta la fecha, en manos del Gobierno estatal… y durante los siguientes tres años a partir de los hechos prácticamente nada se hizo.

Tal como destaca el estudio de El Colegio de México, coordinado por Sergio Aguayo, las autoridades ministeriales de Coahuila sólo acudieron a Allende en 2011 en una ocasión, para realizar una “visita ocular”, sin obtener ningún dato relevante, y sin recabar evidencias físicas.

Lo único que reportaron los dos agentes que en esa ocasión acudieron al municipio de Allende fue que, tal como señalaba la denuncia recibida, al menos seis inmuebles habían sido afectados con disparos de arma de fuego en sus fachadas y con rastros de fuego. Luego, los dos agentes se retiraron del lugar.

No fue sino hasta el año 2014 que a Allende llegó el primer perito ministerial, para intentar recuperar muestras forenses, pero luego de tres años de deterioro y falta de resguardo, sólo pudo hallar 66 fragmentos de hueso no reconocibles, y 68 piezas dentales, en los puntos en los que supuestamente fueron incinerados los cuerpos de algunas víctimas.

Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna acción orientada a determinar la identidad de las personas a las que corresponden dichos restos.

“El expediente de la averiguación previa –destaca el estudio del Colmex– demuestra que la investigación no se llevó a cabo de acuerdo con los estándares internacionales aplicables a graves violaciones a derechos humanos, ni tampoco los aplicables de forma específica a casos de desaparición forzada.”

La primera denuncia de las desapariciones selectivas, de hecho, es ejemplo de la poca eficacia de las autoridades estatales: “En la primera denuncia, presentada dos meses después de los hechos, había un claro señalamiento sobre la desaparición de un gran número de personas, a manos del grupo criminal de Los Zetas. Asimismo, se indicaba la ubicación de restos calcinados de una persona, en un rancho. A pesar de esta información tan grave, las autoridades ministeriales no actuaron de forma pronta para buscar a la familia del denunciante”.

Peor aún: pocos meses después de reportar las desapariciones, la denunciante fue también raptada y desaparecida.

Lectura ampliada

A pesar de que durante 2012 siguieron recibiendo denuncias sobre desapariciones selectivas, sólo hasta 2014, con un nuevo Gobernador (Rubén Moreira) las autoridades de Coahuila emprendieron realmente labores de campo para intentar determinar la identidad y el paradero de las víctimas desaparecidas en Allende, lo que llevó a la captura de tres policías municipales que confesaron haber participado en la desaparición de integrantes de la familia Garza, incluidos menores de edad, por órdenes de Los Zetas.

Pese a ello, destaca el estudio del Colmex, la investigación tampoco alcanza en esta segunda fase los estándares deseados y, hasta la fecha, algunos puntos identificados por vecinos de la zona como lugares en donde asesinaron e incineraron a víctimas, siguen sin ser revisados por el Ministerio Público.

De hecho, el estudio destaca que “el expediente se compone casi en su totalidad de declaraciones testimoniales y ministeriales, y no existe un mayor trabajo de investigación”.

El expediente judicial, además, tampoco contempla “un análisis del contexto en el que ocurrieron las desapariciones, ni de los patrones sistemáticos que permitieron y explican su comisión”, esto, a pesar de que “desde una perspectiva más amplia, las dimensiones de la tragedia son mucho mayores (…) la venganza cubrió el norte de Coahuila, donde allende sería sólo uno de los municipios afectados (…) con una duración mayor a marzo de 2011, con un mayor número de criminales involucrados y, sobre todo, de víctimas”.