A estas alturas de la historia, a nadie puede escandalizar ya que las autoridades responsables de la fiscalización del gasto público salgan un día cualquiera a informarnos que han “detectado” irregularidades multimillonarias en la cuenta pública de los tres órdenes de Gobierno.

Y es que los ciudadanos ya estamos –como dice la voz popular– “curados de espanto” en eso de los “presuntos desvíos”, del “daño patrimonial” y del “perjuicio al erario”.

¿Por qué? Por una razón muy simple: porque a estas alturas los montos de las presuntas irregularidades detectadas en las cuentas públicas de la Federación, los estados y los municipios, alcanzan proporciones astronómicas y, pese a ello, nadie –o casi nadie– es acusado de nada, ni termina en la cárcel por haber incurrido en irregularidades en el manejo de los recursos colectivos.

Por ello, el más reciente anuncio de la Auditoría Superior de la Federación, en el sentido de que ha identificado “posibles irregularidades o posible daño al erario” por un monto cercano a los 165 mil millones de pesos, en el gasto del Gobierno Federal, así como de los estados y municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, difícilmente puede arrancar de nuestra parte alguna reacción distinta a un bostezo.

No importa con qué nivel de detalle se nos informe de las presuntas irregularidades, o con qué profundidad se nos explique la forma en la cual se auditó el presupuesto de egresos.

El epílogo de esta historia la conocemos de sobra: al final, los señalamientos se diluirán y ni un solo funcionario público –al menos ninguno de alto nivel– va a ser acusado de ningún desvío y, mucho menos, sometido a proceso.

La pregunta entonces resulta obligada: ¿para qué nos sirve realmente un gigantesco aparato fiscalizador que año tras año sale a realizar grandilocuentes anuncios respecto de la pulcritud con la cual fiscaliza el gasto público, si al final todo queda en pirotecnia mediática?

Porque si después de “descubrir” tales “irregularidades” por montos a tal grado escandalosos –resulta muy difícil imaginar siquiera el espacio físico que puedan ocupar 165 mil millones de pesos en billetes de a mil–, lo único que nos queda al final es un recorte periodístico en el cual se publicó la información, pues para efectos prácticos habría dado exactamente lo mismo que no se realizar ninguna auditoría.

De hecho, el problema principal está ahí: desde la perspectiva de la Auditoría Superior de la Federación existen decenas de miles de millones de pesos “desviados”, los contribuyentes le destinamos otros tantas decenas de millones de pesos a sostener el aparato que se dedica a “identificar” tales irregularidades y, al final, en uno y otro lado sólo nos quedamos contabilizando el dinero tirado a la basura.

Por ello, valdría la pena que en lugar de realizar grandilocuentes anuncios, los aparatos de fiscalización se dedicaran realmente a combatir la corrupción de la única forma que puede resultar útil a los intereses colectivos: metiendo a los corruptos a la cárcel.