Tras filtrarse una serie de fotografías así como el video del arribo de una persona esposada a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, al aeropuerto de Piedras Negras, la Fiscalía General de Coahuila se vio obligada a confirmar que se trata de un individuo presuntamente involucrado en el homicidio del excandidato a diputado federal, Fernando Purón Johnston.

Y aunque será hasta hoy cuando la dependencia proporcione mayor información respecto de la forma en la que el detenido –a quien se ha identificado solamente como “Juan (N)“ – habría participado en el crimen, un dato inquietante fue revelado ayer: el imputado sería integrante de las Fuerzas Armadas del País, con el grado de Teniente de Caballería.

Con este, sería el segundo imputado en el caso que ha pasado por las Fuerzas Armadas nacionales pues, como se recordará, anteriormente se informó que el autor material del homicidio sería Ignacio Arámbula, quien formó parte del Estado Mayor Presidencial, el cuerpo del Ejército responsable de la seguridad del Presidente de la República.

No está claro hasta ahora –y es de esperarse que la información se puntualice hoy– si “Juan (N)” se encuentra actualmente activo como integrante del Ejército o si, tal como ocurre con Arámbula, habría causado baja de las fuerzas castrenses. Pero incluso si su situación actual fuera la segunda, la reflexión no cambia en lo absoluto.

Porque, al igual que se comentó en el caso de Ignacio Arámbula, estamos obligados a preguntarnos qué ocurre –o qué no ocurre– en las corporaciones policiales y las Fuerzas Armadas del País que, al menos en apariencia, resulta tan fácil que entre estas y la delincuencia –organizada o no– exista un “trasvase” de integrantes como el que atestiguamos.

En esto vale la pena recordar que, en el pasado reciente, suman decenas de casos conocidos de policías en activo, expolicías, así como integrantes de las Fuerzas Armadas –en activo y en retiro– que decidieron “continuar su carrera” en las filas de la delincuencia.

En el caso que nos ocupa, el asunto tiene tintes aún más graves: los dos presuntos involucrados que han sido señalados por la Fiscalía y a quienes se reconoce una trayectoria militar no habrían sido parte de “la tropa”, lo cual podría de alguna forma “explicar” su paso de un lugar a otro.

Lejos de esta posibilidad, uno de ellos habría formado parte de un cuerpo de élite –el Estado Mayor Presidencial– mientras que el otro integraría el cuerpo de oficiales en el segundo de los cuatro escalones que componen dicho estrato del Ejército nacional.

En ninguno de los estamentos de las policías o la milicia se puede “comprender” que alguien transite, sin más, del servicio a la sociedad a ser su enemigo. Pero se entiende menos en la medida que quienes realizan dicho tránsito ocupan los estratos más altos de las jerarquías institucionales.

Cuando esto pasa, resulta necesario cuestionar qué está fallando en estas instituciones como para que el entrenamiento especializado que sus miembros reciban, en lugar de constituir la garantía de seguridad que los ciudadanos esperamos de parte del Estado, se convierta en una amenaza a nuestra integridad.