El desempeño del periodismo ha costado la vida en todo el mundo, desde 2006 hasta la actualidad, a cerca de 800 profesionales, que perdieron la vida de forma violenta en unos crímenes que se han saldado con condena para los culpables en solo el 7 por ciento de los casos.

Los datos fueron facilitados por la ONU con motivo del Día Internacional Para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre.

La Unesco reclama “una nueva movilización” de los países y las organizaciones para ejecutar el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la impunidad.

En los actos del año pasado, Irina Bokova, titular de la Unesco sentenció: “Debemos acelerar el ritmo. La impunidad es un crimen contra el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos humanos en general. Envalentona a los criminales, constituye una amenaza para el estado de derecho y conduce al miedo y la autocensura. Toda la sociedad la sufre”.
 
“Ahora más que nunca debemos hacer todo lo posible para proteger a los periodistas y luchar contra la impunidad”, insistió.
 
El reto es que todos los Estados miembros “hagan todo lo posible para llevar a los autores de estos hechos ante la justicia”, y los medios de comunicación, la sociedad civil, la Policía y el Poder Judicial intensifiquen sus esfuerzos para prevenir la violencia ejercida contra los periodistas. 

10 asesinatos de periodistas en 2016, cero atraídos por FEADLE: Artículo 19

En cuanto al desempeño de la FEADLE para proteger a periodistas, la fiscalía especializada informa en su reporte que desde el 4 de mayo de 2013 –fecha en la que se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales para que la FEADLE pudiera atraer casos- hasta el 31 de agosto, atrajo un total de 47 casos. Una cifra insuficiente para Artículo 19.

“No vemos que la Fiscalía especial esté respondiendo a las circunstancias que se viven en México con las agresiones a periodistas. Llevamos 10 asesinatos de periodistas en 2016 y ninguno ha sido atraído por la FEADLE”, critica Ruelas, quien recuerda que la reforma al Código de Procedimientos Penales se hizo precisamente porque las fiscalías estatales “no tenían autonomía suficiente” para investigar delitos contra periodistas cometidos, en su mayoría, por funcionarios locales.

Javier Garza, periodista de Torreón y asesor de seguridad en la Asociación Mundial de Periódicos, opina al respecto que las instituciones que se han creado en México para proteger la actividad periodística “no han sido contundentes para acabar con la impunidad”.

“Por ejemplo –expone-, el mecanismo de protección de la FEADLE busca protegerte de quien te quiere hacer daño, pero no necesariamente busca que la persona que te quiere agredir sea detenida o castigada”.

Incluso, añade Garza, el hecho de que una de las alternativas de protección para el periodista sea la “evacuación” de su lugar de residencia y trabajo, “pues es otra manera de decirle al tipo que te quiere hacer daño que ya ganó, que ya se deshizo de ti”.

Todo lo anterior, es decir las agresiones consumadas, la impunidad, la mala calidad de las investigaciones ministeriales y la protección de los autores intelectuales, lo que está generando en opinión de Garza es “una inhibición” en el trabajo periodístico, especialmente del que busca la rendición de cuentas de las autoridades.

Y esta ‘inhibición’ o ‘autocensura’ a la hora de reportear temas, especialmente los relacionados con seguridad pública, es para Garza aún “más preocupante” en municipios pequeños como Medellín, en Veracruz, donde Moisés Sánchez era prácticamente el único periodista que reporteaba a diario temas relacionados con la inseguridad de la localidad.

Por el momento el hijo de Moisés, Jorge Sánchez, dice que se mantiene al frente de la revista. O al menos lo estará hasta el próximo mes de enero, cuando los apoyos para publicar los mil ejemplares de La Unión se agoten.

Mientras los fondos alcancen, Jorge asegura que cumplirá con la labor periodística de su padre, a la par que continuará pidiendo justicia para los asesinos del comunicador, aun y cuando es consciente de los riesgos que eso implica en Veracruz.

“Sabemos que reclamar justicia y hacer el trabajo periodístico que hacía mi padre es algo muy peligroso –admite-. Pero este es el precio que hay que pagar por ejercer esta profesión y alguien tiene que hacerlo”. (Animal Político)