Se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos posibles: el problema fundamental con la corrupción en México no es que se trate de un problema ampliamente extendido, sino que es una práctica que puede realizarse con absoluta impunidad.

En efecto, como puede constatarlo cualquier observador distraído de la realidad nacional, quienes se benefician personalmente de las prácticas de corrupción difícilmente sufren las consecuencias de sus actos porque las redes de complicidad que hacen aquélla posible se encargan también de que nadie pague por las prácticas ilegales.

Por supuesto, eso de que “nadie paga” es un decir que merece precisión: los ciudadanos terminamos pagando siempre por la corrupción, pues los sobreprecios en las obras, o los abiertos desfalcos cometidos en contra de las arcas públicas, generan daños patrimoniales cuyo costo se carga a los bolsillos de los contribuyentes, única fuente de ingresos que tiene el Estado.

Y en el caso de Coahuila, el ejemplo de la denominada “megadeuda” no podría ser más didáctico: durante la administración de Humberto Moreira Valdés se nos engañó reiteradamente (o se pretendió engañarnos) con el cuento de que el “Gobierno de la Gente” era capaz de sostener una miríada de programas sociales exitosos sin necesidad de provocar un déficit en el presupuesto público ni, mucho menos, recurrir al endeudamiento.

La mascarada, como todos sabemos ahora, duró poco: apenas unos meses después de haber cedido el poder a Jorge Torres López, el engaño tuvo que ser descubierto ante la presión de los bancos que entregaron miles de millones de pesos en créditos al amparo de documentos falsificados en el seno mismo del Ejecutivo Estatal.

En esas mismas fechas, la Auditoría Superior del Estado advertía sobre las irregularidades contables contenidas en el informe de resultados del último año de la administración de “El Profe” y ofreció que tales irregularidades “serían denunciadas”

Pero, como suele ocurrir en nuestro país, las promesas de que los “peces gordos” serán capturados son olvidadas tan pronto como la tinta en la cual fueron impresas termina de secarse. Y eso es así porque nadie parece realmente pretender en serio que los auténticos responsables del desastre financiero de Coahuila terminen siendo acusados de los delitos que presuntamente cometieron.

O al menos no en territorio nacional pues, como bien sabemos, las autoridades del vecino no han tenido mayores dificultades para llegar a la conclusión de que las fortunas confiscadas a Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres López se formaron gracias al robo de recursos públicos de las arcas de Coahuila.

Acá, con mejores instrumentos para investigar, seguimos deshojando la margarita y acaso esperando que “a la gente se le olvide” para sepultar en definitiva el más escandaloso caso de defraudación que ha padecido el pueblo de Coahuila.