La noticia es cíclica: cada año, tras concluir con el proceso de revisión de las cuentas públicas en Coahuila, la Auditoría Superior del Estado pone en circulación datos que parecieran configurar una realidad de escándalo en torno al manejo de las finanzas públicas.

Esta vez no es la excepción: el reporte que la ASE entregó ayer al Poder Legislativo de Coahuila -a través de su Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública- contiene señalamientos en el sentido de que habrían dejado de solventarse, por parte de las administraciones municipales de la entidad, unos 540 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2014.

Se trata, como es costumbre en ocasión de la divulgación de estos informes, de una importante cantidad de recursos que, a primera vista al menos, pareciera implicar que el dinero de los contribuyentes no se gasta bien o se emplea en rubros no justificados.

Y quizá por ahí habría que comenzar; es decir, esclareciendo lo que significa el que se diga que un recurso “no fue solventado”.

¿Quiere decir que se realizó un gasto pero no se cuenta con la documentación que lo ampare? ¿Implica que el dinero se gastó -aunque se haya comprobado- en pagar bienes o servicios que la ley prohibe? ¿Puede inferirse que se trata de actos de corrupción y que el dinero fue a parar a los bolsillos de alguien?

Las preguntas no solamente son pertinentes sino obligadas, porque a fuerza de escuchar cada año un reporte que contiene cifras millonarias que “no fueron adecuadamente solventadas” y que luego no pase nada, lo menos que surge es la duda sobre el significado de las palabras.

Porque el problema no es que los responsables de ejercer el gasto público sean “exhibidos” periódicamente por el órgano responsable del control de las finanzas públicas, sino que reiteradamente se diga que hay “irregularidades” en el ejercicio de cientos de millones de pesos pero nadie sea sometido a procedimiento alguno para castigarle por el hecho.

¿Qué hacen las autoridades responsables de la fiscalización del gasto público después de “descubrir” que hay cientos -miles- de millones de pesos del tesoro público cuyo gasto podría no estar justificado y, por ende, representar ejemplos de daño patrimonial?

Con los datos que se tienen a la vista, bien puede afirmarse que absolutamente nada, pues informe tras informe la Auditoría Superior del Estado da cuenta de los yerros cometidos en las oficinas públicas de la entidad pero todo se queda ahí: en una bola de humo que se va disipando en el ambiente conforme es sustituida por el siguiente escándalo de corte local, nacional o internacional.

Como se ha dicho en ocasión de señalamientos anteriores, si el propósito de la ASE es solamente éste; es decir, el de causar un cierto “ruido mediático” para luego desaparecer de escena, a fin de que nuestros funcionarios públicos sigan actuando exactamente igual, lo mismo daría que dicha dependencia no existiera.