Si debemos creerle a la Auditoría Superior del Estado, resulta que el ejercicio de los recursos públicos en Coahuila es un auténtico desastre, pues casi dos mil millones de pesos fueron “inadecuadamente” gastados durante el ejercicio fiscal de 2015, y eso es muchísimo dinero.

Pero más allá de la cifra global, cuando se revisan los datos desagregados, pareciera que éstos convocan claramente a encender las alarmas en algunos aspectos de la vida pública, específicamente en lo que hace a los mecanismos de seguridad social del magisterio local, por citar el ejemplo que pareciera más evidente.

Y es necesario decir “pareciera” porque, aun cuando las cifras tendrían que conducirnos claramente a señalar la crisis, la experiencia recomienda ser cautos antes de tomar los datos proporcionados por la Auditoría Superior del Estado como base suficiente para sacar conclusiones.

De acuerdo con el Informe Anual de Resultados de la ASE, correspondiente a 2015, los organismos responsables de administrar el esquema de seguridad social del magisterio son los que acumulan el mayor número de observaciones, con 679 millones de pesos en recursos cuyo ejercicio no cumple con algún requisito para considerarse correctamente ejercido.

Estamos hablando de un tercio de todas las observaciones contenidas en el Informe de la Auditoría correspondiente a 2015, y que implican señalamientos en el ejercicio de éstos por el orden de mil 972 millones de pesos.

Tales cifras tendrían que llamarnos inmediatamente a la alarma, pues colocan a los organismos de seguridad social del magisterio en condición de “entes incumplidos” de carácter superlativo.

Sin embargo, la experiencia nos dice que los números de los informes anuales de la Auditoría Superior del Estado, por muy “escandalosos” que se vean, terminan disolviéndose; es decir, terminan convirtiéndose en “humo” que no implica ninguna responsabilidad para nadie.

Porque a lo largo de los años, la ASE ha “observado” miles de millones de pesos y ha “señalado” presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos de carácter municipal y estatal, pero los ciudadanos seguimos esperando a que alguien sea efectivamente perseguido y castigado por tales “irregularidades”.

También seguimos esperando a que los señalamientos de la ASE sirvan para que las “irregularidades” cometidas por los funcionarios públicos y que son “descubiertas” por los auditores de la dependencia sirvan para que tales prácticas sean erradicadas.

Pero ni una cosa ni la otra: porque mientras los cientos de millones de pesos en observaciones se convierten en miles de millones y éstos no dejan de apilarse unos encima de otros, las prácticas en el servicio público siguen siendo exactamente las mismas.

Así que, en realidad, lejos de existir un “desastre” en las cuentas públicas lo que pareciera existir es más bien un “desastre” en la fórmula que se usa para que los resultados de las auditorías se conviertan en algo más que humo.