Ciudad de México.- El caso Ayotzinapa entra en una nueva etapa, después del segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por lo que conviene a las autoridades "dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito", consideró la Arquidiócesis de México.

En el semanario Desde la Fe, en su editorial "Decadencia legal", señala que el tiempo pasa y el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son "foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos".

"Este mismo caso nos muestra que los cambios en el sistema de justicia son inaplazables para reconstruir la confianza, porque muchos mexicanos no están de buen humor ante la encrucijada que pretende solapar a pocos contra el fortalecimiento del Estado de Derecho común a todos".

El semanario mencionó que el GIEI destacó la "falta de cooperación y obstáculos que enrarecen el esclarecimiento de la verdad. Sus conclusiones advierten del urgente rediseño del modelo penal, solidificar los procesos de investigación, la atención de las víctimas y, lo más importante, el respeto a los derechos humanos".

Y destaca que "independientemente de la certeza de las conclusiones sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, el Informe del GIEI toca los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita".

Como afirma el documento, "lo procesal sacrifica frecuentemente lo sustancial, y la forma está muchas veces por encima del contenido y la verdad".

La intervención del GIEI llega a su fin con más preguntas que respuestas y su segundo informe "mueve a la reflexión al preguntar qué tan efectivamente somos respetados todos los mexicanos en cualquier proceso penal".

"Sembrar pruebas, inculpar inocentes, violar el debido proceso y obstruir la justicia con infames tecnicismos y nimiedades legaloides, burlar la contundencia de testigos y probanzas sólidas, son los grandes males que infectan el organismo legal en México" agrega el semanario.

Para la Arquidiócesis es claro que "la situación no podría ser más desastrosa. Estamos ante la prostitución y perversión del derecho que funciona a los poderosos para aplastar a los mexicanos en desventaja, principalmente a los pobres, quienes son aniquilados en su libertad por sus condiciones sociales y económicas".