Con 266 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la armonización de nueve leyes secundarias con el artículo 19 constitucional para aplicar la prisión preventiva oficiosa por los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, huachicoleo, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción.

Se impondrá también esa medida a los presuntos responsables de robo al transporte de carga y desaparición forzada de personas, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El proyecto de decreto aumenta además de siete a ocho años de cárcel la pena máxima por portación de armas de fuego sin licencia, así como de uno a cuatro años de prisión la pena mínima por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el legislador morenista Rubén Cayetano subrayó la necesidad de perfeccionar la legislación para combatir los delitos graves y la corrupción, además de agravar las penas para la portación de armas de fuego.

“Podemos constatar que los anteriores delitos antes citados son de carácter grave y lesionan significativamente el tejido social impidiendo una correcta administración de justicia en favor de la sociedad mexicana”, indicó.

Sin embargo, el priista Enrique Ochoa calificó la prisión preventiva de oficio como una “salida falsa” para resolver los problemas de inseguridad y alertó sobre el riesgo de castigar a inocentes con la privación de la libertad.

“Lo lamentable de esta propuesta es que van a pagar justos por pecadores, se va a castigar a inocentes a que lleven proceso judicial en la cárcel, estableciendo una pena anticipada (…); eso no va a generar de ninguna manera justicia, sino impunidad, porque un inocente va a estar en la cárcel durante el proceso penal y el verdadero responsable va a estar afuera delinquiendo”, puntualizó.

Al fijar el posicionamiento del PAN, la diputada Pilar Ortega afirmó que la prisión preventiva oficiosa no solo es violatoria de los derechos humanos, sino promueve la impunidad”.

“Lejos de ser una solución, perpetúa los grandes vicios de nuestro sistema penal, solo se procesa a quienes son detenidos en flagrancia y promueve la saturación de nuestro rebasado sistema penitenciario, en pocas palabras, la prisión preventiva termina por promover impunidad”, dijo.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Verónica Juárez, sostuvo a su vez que la reforma en materia de prisión preventiva solo agravará el problema, incrementando la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles, sin que tener más personas acusadas adentro implique tener un menor número de víctimas afuera.

“Ante el justificado reclamo social que exige reducir la impunidad, las y los legisladores del grupo parlamentario de la mayoría se han inclinado por el populismo penal, dejando de exigir a nuestras instituciones los estándares de actuación que corresponden al nuevo Sistema Penal y que garantizan los Derechos Humanos”, puntualizó.