Con el propósito de combatir la corrupción y evitar los conflictos de intereses en la contratación de obra pública o servicios, el Congreso del Estado aprobó un dictamen, en lo general y particular, con el que obliga a proveedores y contratistas a presentar manifiestos en que expresen estar libres de estos supuestos; se tipificó  como delito el falseo de información.

Con estas reformas, los contratistas o proveedores interesados en laborar con el Gobierno del Estado deberán presentar como requisito indispensable un “manifiesto de no conflicto de intereses”, en el que expresen la ausencia de situaciones que comprometan la legalidad del procedimiento.

De igual manera se dispone que los proveedores tengan la obligación de cumplir con un Código de Conducta que para tal efecto expedirá el órgano de control, en el que incluirán las sanciones.

Además, a través de la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es necesario que los sujetos obligados difundan los documentos de procedimientos como adjudicaciones directas, invitación restringida, licitaciones, contratos y manifiesto de no intereses.

En el paquete de reformas se incluye la modificación del Código Penal de Coahuila para crear la figura típica de “manifestación falsa de no conflicto de intereses ante autoridad administrativa”, para establecer como conducta delictuosa cuando se dé información falsa.

Diputados panistas consideraron que el “manifiesto de no conflicto de intereses” es algo ambiguo y que ya se considera de alguna manera dentro de la normativa vigente por lo que no abona en nada a su propósito, sino que, por el contrario, pudiera entrampar y retrasar los procedimientos de contratación.