Tras una maratónica sesión que inició alrededor de las 14:30 horas y que concluyó esta madrugada, la Ley de Seguridad Interior, la polémica norma que regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios que sean rebasados por el crimen organizado, dio un paso más hacia su aprobación.

Desde la tribuna, los senadores mostraron los dos bloques que se formaron clara y naturalmente. PT-PRD en contra de la Ley. PRI-Verde en favor. Y el PAN anunció el voto libre de sus 37 legisladores, por lo que 15 alimentaron las filas en respaldo de la Ley, cinco a los opositores y el resto se abstuvo.

“En nuestro grupo parlamentario hay dos sensibilidades y dos visiones de abordar este asunto. Hay quienes legítimamente se preocupan por la grave situación de inseguridad que se vive en sus estados y, por ello, pugnan por la aprobación inmediata de la ley.

“En la otra versión, están las y los senadores que, sin desdeñar la urgencia, privilegian una ley mejor mediante una mayor reflexión. Proponen que se atiendan las observaciones de los organismos internacionales y que se realicen foros abiertos para escuchar todas las voces.

“Nadie está totalmente equivocado, ni nadie tiene toda la verdad (…) Dada la situación, cada senadora y senador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional expresará en su voto, su propia sensibilidad sobre el tema”, dijo su coordinador, Fernando Herrera.

Aunque eran minoría, los opositores lograron prolongar lo más posible la discusión por ocho horas, con la presentación de una moción suspensiva, seis votos particulares y 41 oradores, por lo que una y otra vez desde la tribuna se escuchó que la Ley es violatoria de la Constitución, pone en riesgo los derechos humanos, militariza al país, que el Senado prestó oídos sordos ante las peticiones de suspensión y reflexión de organismos nacionales e internacionales, así como de especialistas, sociedad organizada e instituciones universitarias.

Pero las voces de quienes apoyaron la Ley no fueron acalladas. Los presidentes de tres de las cuatro comisiones que la dictaminaron hablaron en su favor. Fernando Torres Graciano, de Defensa Nacional; Ricardo Barroso, de Marina, y Cristina Díaz, de Gobernación, quien contrario a su constante estilo mesurado, incluso gritó.

“Concluyo. Senadores: queda claro, no se militarizan las calles, al contrario, se pone orden”, dijo. Al igual que Torres Graciano y Barroso, destacó los cambios realizados para dejar en claro que no se violan los derechos humanos; que la Constitución es el límite de toda decisión, y que los gobiernos estatales y municipales que pidan el apoyo federal estarán obligados a desarrollar sus cuerpos policiacos.

Todos ellos consideraron que apoyar esta Ley es apoyar a los ciudadanos mexicanos que exigen mayor seguridad.

El voto de los 71 senadores del PRI, PAN y Partido Verde quedó firme en incluir en el dictamen que los gobernadores y alcaldes que soliciten la intervención de las Fuerzas Armadas para atender una emergencia de Seguridad Interior deberán comprometerse con la profesionalización y depuración de sus cuerpos policiacos, con tiempos, estrategias, presupuestos y resultados, apegados a los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y serán evaluados para que la presencia de los militares sea breve.

Se aclara que “las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del secretario de Gobernación”.

“En nuestro grupo parlamentario hay dos sensibilidades y dos visiones de abordar este asunto. Hay quienes legítimamente se preocupan por la grave situación de inseguridad que se vive en sus estados y, por ello, pugnan por la aprobación inmediata de la ley.

“En la otra versión, están las y los senadores que, sin desdeñar la urgencia, privilegian una ley mejor mediante una mayor reflexión. Proponen que se atiendan las observaciones de los organismos internacionales y que se realicen foros abiertos para escuchar todas las voces.

“Nadie está totalmente equivocado, ni nadie tiene toda la verdad (…) Dada la situación, cada senadora y senador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional expresará en su voto, su propia sensibilidad sobre el tema”, dijo su coordinador, Fernando Herrera.

Aunque eran minoría, los opositores lograron prolongar lo más posible la discusión por ocho horas, con la presentación de una moción suspensiva, seis votos particulares y 41 oradores, por lo que una y otra vez desde la tribuna se escuchó que la Ley es violatoria de la Constitución, pone en riesgo los derechos humanos, militariza al país, que el Senado prestó oídos sordos ante las peticiones de suspensión y reflexión de organismos nacionales e internacionales, así como de especialistas, sociedad organizada e instituciones universitarias.

Pero las voces de quienes apoyaron la Ley no fueron acalladas. Los presidentes de tres de las cuatro comisiones que la dictaminaron hablaron en su favor. Fernando Torres Graciano, de Defensa Nacional; Ricardo Barroso, de Marina, y Cristina Díaz, de Gobernación, quien contrario a su constante estilo mesurado, incluso gritó.

“Concluyo. Senadores: queda claro, no se militarizan las calles, al contrario, se pone orden”, dijo. Al igual que Torres Graciano y Barroso, destacó los cambios realizados para dejar en claro que no se violan los derechos humanos; que la Constitución es el límite de toda decisión, y que los gobiernos estatales y municipales que pidan el apoyo federal estarán obligados a desarrollar sus cuerpos policiacos.

Todos ellos consideraron que apoyar esta Ley es apoyar a los ciudadanos mexicanos que exigen mayor seguridad.

El voto de los 71 senadores del PRI, PAN y Partido Verde quedó firme en incluir en el dictamen que los gobernadores y alcaldes que soliciten la intervención de las Fuerzas Armadas para atender una emergencia de Seguridad Interior deberán comprometerse con la profesionalización y depuración de sus cuerpos policiacos, con tiempos, estrategias, presupuestos y resultados, apegados a los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y serán evaluados para que la presencia de los militares sea breve.

Se aclara que “las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del secretario de Gobernación”.