Con 308 votos a favor, 10 abstenciones y 141 votos en contra, la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para legitimar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o “lavado” de dinero.

Las fracciones de oposición, PAN, PRI, MC y PRD, calificaron de inconstitucional la modificación y señalaron que viola la presunción de inocencia, lo que vulnera los derechos humanos, por ello presentaron diversas reservas para su discusión en lo particular.

El dictamen resultado de la minuta enviada por el Senado crea un nuevo título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, con el objeto de dar a la UIF, que actualmente encabeza Santiago Nieto, un procedimiento para dar audiencia a quienes les haya bloqueado una cuenta bancaria.

La reforma fue planteada con la intención de subsanar cualquier acción de inconstitucionalidad, en 2017 la Suprema Corte de Justicia concedió el amparo a una empresa contra el bloqueo de cuentas por parte de la UIF por considerarla inconstitucional.

La panista María de los Ángeles Gutiérrez al fijar el posicionamiento, en sentido negativo, de su fracción parlamentaria, llamó a la mayoría de Morena a rectificar y echar atrás esta reforma que advirtió es un error, se presta a la corrupción y a la violación de derechos humanos.

“Estamos obligados a votar en contra, ya que no podemos convalidar las prácticas inconstitucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si bien puede ser saludable el que se aclare el procedimiento de aclaración de la situación jurídica de las personas que se encuentran en la lista de personas bloqueadas, no podemos incurrir en el despropósito de normalizar los abusos que se están realizando hoy en día”, sostuvo.

Al respecto, la diputada del PRI, Mariana Rodríguez, precisó que con la modificación se pretende convalidar un procedimiento de facultades para la Secretaría de Hacienda que la Corte ya ha nombrado de inconstitucional, porque está excediendo facultades, está invadiendo la esfera del Ministerio Público y de la misma manera vulnera varios principios constitucionales como lo son el de presunción de inocencia, que es la columna vertebral del sistema acusatorio y oral, el de debido proceso.

“Esto es dotar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de facultades que la Constitución no le ha dado, para poder continuar controlando a las personas que tengan un dicho diferente a través del procedimiento penal y que estén en contra de lo que se haya estado planteando por el gobierno”, señaló la priista.

En respuesta, el morenista, Benjamín Huerta, negó que se vulneren derechos y afirmó que el objetivo es unificar los criterios de los órganos judiciales con el sistema jurídico mexicano, lo que ayudará a implementar las políticas públicas del Presidente de la República.

“Se facultará a la Secretaría de Hacienda para introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que está relacionada con los delitos de la materia, sin vulnerar derechos fundamentales, ya que se seguirá siempre un procedimiento que respeta la garantía de audiencia de las personas bloqueadas, así como sus demás derechos procesales de defensa. Además de impedir la comisión de actos ilícitos evitaremos la interposición de juicios de amparo, en tanto que la medida cautelar será completamente constitucional”, afirmó.